En algunos casos, sin embargo, las mejoras en la remuneración del sector privado, que se pagarán con fondos del Estado, superarán el ciento por ciento.

Cameron, que trabaja en la órbita del ministro de Planificación, Julio De Vido, firmó esta semana la resolución 529, que dispone aumentos en la remuneración que reciben las compañías que generan la electricidad, un amplio lote compuesto por empresas como Central Puerto, Endesa Costanera, Central Loma La Lata y El Chocón, entre muchas otras.

La nueva norma estipula, por ejemplo, que una unidad turbo gas con una potencia menor a los 50 megavatios (MW), de las más chicas del parque, recibirá de manera retroactiva a partir del mes pasado $ 70 por MW como remuneración de sus costos fijos, 46 por ciento más que hasta ahora.

En tanto, una usina de ciclo combinado por encima de los 150 MW obtendrá $ 38,5 por MW, lo que implica un aumento de 25 por ciento.

Además, el Gobierno dispuso un incremento de 41% en la remuneración de los costos variables (será de $ 19 por MW) para la mayoría de los casos siempre que produzcan electricidad a partir del gas. El número será mayor si utilizan combustibles líquidos, y aún más alto quienes prioricen el empleo de biocombustibles, una modalidad poco extendida entre las empresas argentinas. La norma también estableció "remuneraciones adicionales" y "no recurrentes".

Los nuevos precios dejaron un sabor agridulce entre los empresarios del sector. Algunos creen que sirven para mejorar sustancialmente sus ingresos, mientras que otros consideran que la negociación paritaria en desarrollo se llevará una cuota importante de las mejoras.

Según lo establece la norma, las empresas sólo podrán acceder a los mejores precios si firman un "desistimiento" de todo reclamo administrativo o judicial que hayan hecho contra el Estado. La misma resolución tiene entre sus adjuntos el texto que deben rubricar las compañías.

Problemas aguas abajo

Con los aumentos de esta semana, el Gobierno despejó el panorama de un eslabón del sector eléctrico. Le falta, sin embargo, la parte más compleja, que está relacionada con la precaria situación de las compañías de distribución, como Edenor y Edesur.

Entre enero y marzo, la primera perdió 738,56 millones de pesos, un 44% más que los $ 510,43 millones de 2013, según la información que remitió a la Bolsa. Y la segunda registró un quebranto de 1117,7 millones de pesos, más de 200% por encima del número del año pasado, algo que la condujo a las puertas de una eventual reducción de su patrimonio neto. Transener, la compañía encargada de transportar la energía, está en una situación similar.

Según Edenor y Edesur, los números negativos se deben a que sus ingresos se mantuvieron planchados por la falta de definición oficial sobre un eventual aumento de tarifas, por un lado, y debido al incremento en sus costos, principalmente atados a los incrementos salariales de sus empleados.

En paralelo, el Gobierno estudia alternativas para avanzar en la reducción de los subsidios a la electricidad, algo que también derivaría en un incremento de las tarifas.

De acuerdo con fuentes oficiales, tanto Cristina Kirchner como el ministro de Economía, Axel Kicillof, están dispuestos a avanzar en esa dirección. Sin embargo, no tienen aún definido en qué momento se llevará a cabo..