Kicillof y el secretario de Finanzas, Pablo López, encabezarán la reunión con los representantes de los países del Club de París, el miércoles. Pondrán las piedras basales sobre las que se negociará la refinanciación de la deuda, que totaliza entre u$s 9.000 y 10.000 millones entre capital, intereses y punitorios. A partir de entonces, cada uno de los representantes de los 16 países acreedores elevará la propuesta a su gobierno. El proceso durará meses.

Argentina insistió en negociar sin el FMI como auditor, algo que exigían los acreedores para aceptar un plan de pagos. La oferta del país consistirá en un pago en efectivo y cuotas a pagarse a partir de 2015. El pago inicial, según trascendió, rondaría los u$s 1.000 millones, aunque los acreedores exigían casi el doble. El efectivo saldrá de las reservas del Banco Central.

La reunión con el Club de París y una declaración amigable de los acreedores abrirían una ventana para que los estados subnacionales realicen colocaciones de deuda. La provincia de Buenos Aires se alista a emitir entre u$s 700 y 1.000 millones en bonos nominados en dólares a una tasa de entre 11% y 12%. La Capital Federal busca refinanciar vencimientos por u$s 500 millones a una tasa de un dígito.

Pero la ventana podría ser muy pequeña. El 6 de junio, el directorio del FMI dará su veredicto sobre las estadísticas argentinas, luego de la publicación de los nuevos índices de Precios y PBI.

El Fondo dictó una moción de censura contra el país y conminó a mejorar los indicadores. La suerte de los bonos atados a CER y los Cupones PBI dependen de este examen.

Todo esto será la antesala para la pelea de fondo, que comenzará el 12 de junio. Ese día, la
Corte Suprema definirá si acepta revisar el fallo que obliga al país a pagar u$s 1.500 millones a los fondos NML Capital y Aurelius, entre otros, por la cláusula pari passu (tratamiento igualitario) de sus títulos en default, en lo que en Wall Street se denominó “el juicio del siglo”. Según fuentes oficiales, la República presentará mañana un escrito de respuesta a los argumentos que dieron los litigantes a la Corte para persuardirla de que no tome el caso.

La Corte Suprema tiene tres alternativas, dos de las cuales son beneficiosas para el país. La primera es que decida aceptar el caso. La segunda es que pida la opinión al fiscal general de la administración de Barack Obama, que respaldaría a la Argentina. En ambas posibilidades, el Gobierno ganará meses y el desenlace podría estirarse hasta 2015. Eso daría más margen para negociaciones con los holdouts antes de un posible fallo negativo, hoy estancadas. A fin de año cae la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) de la deuda reestructurada, que impide realizar una mejor oferta que las de los canjes.

La tercera y más terminante es rechazar el caso y ratificar el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que obligó al país a pagar y también comprometió al Bank of America y otros agentes de pago, que deben retener el dinero destinado a los compromisos reestructurados si el país no cumple la sentencia.

Esta última alternativa dejaría a Argentina en default técnico y la obligaría a renegociar nuevamente toda su deuda externa. Según especialistas, la po sibilidad de que la Corte rechace el caso es alta. Es una opción que nadie quiere aceptar, pero que el Gobierno ya tiene como hipótesis de trabajo.