Por: Carlos Burgueño -
La Argentina cumplió ayer con el último paso que le debía a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y ahora ya no habrá más oportunidades institucionales para convencer a los nueve jueces del máximo tribunal. Lo hizo al presentar el último escrito posible para convencer a los 9 miembros de la Corte, que a su vez contesta a la última presentación de los fondos buitre Elliot, Aurelius, Olifant y a unos 13 particulares (todos argentinos) que le reclaman al país el pago de u$s 1.330 millones. La novedad más importante es que en el escrito, el país, por primera vez, reconocerá como absolutamente válida la decisión del Tribunal y promete aceptarlo y acatarlo, aunque "esto conlleve a un peligro de default".

En concreto, en la página 2 del escrito, los abogados que representan al país aseguran que "El recurso de la Argentina para la revisión judicial no representa falta de voluntad para cumplir con sus obligaciones legales, sino que muestra la lucha de la Argentina a continuar honrando sus deudas a los tenedores de bonos. Contrariamente a las afirmaciones de los demandados, la Argentina cumplirá con las medidas judiciales; sin embargo, dado que la Argentina no cuenta con los recursos financieros para pagar los holdouts en su totalidad (lo que equivaldría a $15.000 millones de dólares) a la vez que cerró una reestructuración de deuda con el 92% de los bonistas en default; la Argentina tendrá que hacer frente, de manera objetiva, un riesgo grave e inminente de incumplimiento. La Argentina reafirma su compromiso de seguir honrando sus deudas, y espera a no ser obligado a enfrentar el riesgo de impago".

Concretamente, y a diferencia de la presentación que en su momento se realizó en octubre del año pasado a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la Argentina asegura que cumplirá el fallo de la Corte, que es un país pagador de sus compromisos, pero que de resultar favorable la decisión de la Corte a los fondos buitre el país caerá en un "riesgo de impago". Se menciona que ante un fallo negativo, la Argentina le debería reconocer a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2006 y 2010 una deuda de u$s 15.000 millones por la diferencia entre el pago del 100% al contado a los reclamos de los fondos buitre, y la diferencia de la quita que aceptaron los bonistas que aceptaron los dos llamados anteriores.

El cambio radical de estrategia en la presentación de los abogados que representan a la Argentina, el estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), es que ahora se reconoce que se aceptará el fallo de la Corte, cualquiera sea éste y aunque lleve al país a un default. Fue una recomendación del abogado consejero contratado por el país para esta instancia judicial, el exprocurador general del Gobierno de los Estados Unidos en los años de George W Bush, Paul Clement. Éste había pedido que la Argentina lleve un planteo más humilde a la Corte, a diferencia de la audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York de octubre del año pasado, donde se le consultó al abogado de CGS&H Jonathan Blackman sobre si la Argentina aceptaría el fallo, a partir de declaraciones de la presidente Cristina de Kirchner sobre que no se le pagaría a los fondos buitre ante una decisión contraria al país.

Tres alternativas

Ahora, hacia delante, todo dependerá de los magistrados y de tres alternativas que se conocerán desde el 12 de junio: o toman el caso del "Juicio del Siglo" entre la Argentina y los fondos buitre; lo rechazan y dejan en firme los fallos de primera y segunda instancia en contra del país o se toman más tiempo para estudiar la situación y piden opinión al Gobierno de Barak Obama. La primera y la tercera alternativa serían los mejores escenarios para el país, ya que cualquiera sea la resolución, ésta se conocerá después de enero de 2015; cuando para la Argentina cambie radicalmente el panorama financiero provocado por la suerte de este juicio. Será el momento para negociar con los "holdouts" una salida a la deuda con bonistas que aún se mantiene en default; según la visión del Gobierno de Cristina de Kirchner, en las mejores condiciones posibles. Si, por el contrario, la decisión de la Corte es la segunda, el país caerá en un default técnico; igual llamará a negociar a los bonistas, pero en inferioridad de condiciones.

En los últimos días el Ejecutivo tuvo una visión optimista desde los Estados Unidos. Se trató del viceministro de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, que de visita durante la semana pasada dejó dos conceptos más que importantes para la estrategia argentina. El enviado de Obama deslizó que de consultar la Corte al Gobierno norteamericano, éste daría una visión bastante cercana a la que necesita el país ante los jueces del tribunal. Esto es, defender la teoría sobre las consecuencias negativas que tendría un fallo en contra de la Argentina, no ya para la situación económica nacional, sino para todo el sistema financiero internacional; especialmente el negocio de colocación de deuda voluntaria de los países en desarrollo de Wall Street, un mercado de no menos de u$s 25.000 millones anuales. Aclaró el enviado que de todas maneras, los jueces cercanos al Gobierno de Obama (muy independientes, pero al menos de extracción demócrata), son cuatro contra una mayoría republicana; con lo cual una visión favorable al país no necesariamente torcería el rumbo de un fallo definitivo de la Corte. Lo que sí garantizaría es que la opinión del Ejecutivo norteamericano, elaborada por el solicitor general Edwin Kneedler y el procurador general estadounidense, Donald Verrilli, se entregaría después de agosto, con lo que el país ganaría un tiempo precioso en la contienda judicial.