Por: Guillermo Laborda - Se conoció ayer en Estados Unidos la transcripción de la audiencia del viernes pasado mantenida por los abogados de los fondos buitre y los de la Argentina (del estudio Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton) ante el juez Thomas Griesa. Varios hechos significativos salieron a la luz a dos semanas de una posible definición de la Corte de los EE.UU. sobre esta causa. Esta audiencia se originó en la filtración de un memorando de los abogados de la Argentina al Ministerio de Economía sobre los posibles resultados de la apelación presentada ante el máximo tribunal norteamericano que fue publicado en el sitio web de Seprin.

En primer lugar, Carmen Boccuzzi, letrada por la Argentina, reconoció que ese memorando había sido realizado en el estudio Cleary. "No está claro cómo algún individuo no autorizado fue capaz de darlo a un sitio web en algún lugar de la Argentina", confesó la abogada. Era relevante para los presentes ante los tribunales de Nueva York el hecho de que en ese memorando estuviera mencionado el plan B de la Argentina en caso de una resolución negativa de la Corte de los EE.UU. para no cumplir con la sentencia. Boccuzzi repitió que "la Argentina cumplirá con las resoluciones". Agregó que no hay plan para pagarles a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 y no pagarles a los demandantes (fondos buitre en su mayoría). "No estoy segura de que un plan pueda existir para concretar ello", agregó.

A continuación, Griesa tomó la palabra y abrió las puertas a un escenario poco citado en los que presentan analistas y abogados norteamericanos a clientes, especialmente entidades financieras. La Argentina viene planteando en forma reiterada: si la Corte de EE.UU. emite una resolución negativa, el país enfrentará un default total de su deuda. "Si la Argentina está de verdad en una condición financiera que no puede pagar todas sus obligaciones, ¿qué hace alguien de buena fe? Viene a los tribunales a negociar", señaló Griesa. Claramente, mantiene el juez la opinión de que la Argentina nunca actuó de buena fe. "No hay necesidad de hablar de catástrofe... Si la república hiciera un giro y actúa de buena fe, puede haber una negociación", agregó el magistrado.

Lo significativo de esta frase de Griesa es que aun si la Corte de los EE.UU. rechaza en 13 días tomar el caso de la Argentina (en la audiencia los letrados señalan que nunca se expedirá antes del 16 de junio próximo), el Gobierno puede presentarse ante Griesa para proponer una solución a todos los bonistas y evitar el incumplimiento de los títulos que vencen el 30 de junio. Abogados con íntimo conocimiento de la causa señalaron ayer a Ámbito Financiero que incluso el juez Griesa le puede otorgar al país un plazo de algunos meses para presentar la oferta, siempre, claro está, que antes se muestre voluntad de cumplir con acreedores y fallos.

Debido a que el memorando dado a conocer por el sitio Seprin fue validado por los propios abogados del estudio Cleary, conviene resaltar algunos puntos de éste:

• Los jueces de la Corte van a considerar la petición de la república en una conferencia interna probablemente el 12 de junio. Si la Corte hace lugar al pedido argentino, podría anunciarlo ese mismo día. De lo contrario, librará una orden con su decisión el lunes siguiente, que es el 16 de junio.

• Si la Corte pide la opinión del "solicitor general", el caso esencialmente se suspendería hasta que éste presente su escrito. No cuenta con plazo formal para presentar el escrito, pero normalmente los presenta en agosto, diciembre y mayo. Una vez que el "solicitor general" lo presenta, los demandantes cuentan con un plazo breve para presentar su escrito de defensa. Luego al poco tiempo es posible que la Corte libre una decisión final.

• Una denegatoria de la Corte en la primera oportunidad que tiene de expedirse es el escenario menos probable, pero no deja de ser una posibilidad. Si lo hace, "podríamos presentar un pedido de reconsideración destacando el hecho de que el siguiente pago de la deuda se encuentra próximo, lo que daría una última oportunidad a la Corte para evitar disparar un default. Estos pedidos son virtualmente siempre denegados. En el caso de que el juez Griesa determinara que el "stay" ha expirado, podríamos pedirle a dicho juez que demore la ejecutoriedad de las órdenes pari passu hasta después que la fecha de pago del 30 de junio haya pasado. Dicho pedido debería ser acompañado por manifestaciones por parte de la república que necesita el tiempo adicional para poder cumplir con las órdenes pari passu o para llevar adelante negociaciones de arreglo con ellos. Si la república no pudiera lograr suficiente certeza al respecto, lo más probable es que el juez Griesa y la instancia superior tomen la postura de que las órdenes pari passu deberían cobrar vigencia.

• Si la Corte niega tratar el caso argentino, a la opción de pagar a todos (virtualmente imposible) se le suma la de llegar a un arreglo con NML y los otros holdouts. Es de esperar que exijan un porcentaje sumamente alto de su reclamo. Además, cualquier holdout tiene el derecho de vetar el pago a cualquiera de los otros. La última opción es no pagarles a los holdouts ni a los tenedores de la deuda reestructurada. Luego de dicho default, la república no se encontraría bajo ninguna restricción legal que le impida reestructurar la deuda en default, la vieja y la nueva.

• La mejor opción en caso de no contar con la revisión de la Corte Suprema es permitir que se fuerce un default y luego inmediatamente reestructurar todos sus bonos externos en modo tal que el mecanismo de pago y demás aspectos queden fuera del alcance de los tribunales norteamericanos.