Se trata de una situación límite y sujeta a múltiples inconvenientes, aclararon en el mercado. Tanto el Gobierno como otros participantes del llamado “juicio del siglo” que respaldan a Argentina ante los tribunales son muy optimistas y creen que la Corte Suprema pedirá opinión al Procurador General de Estados Unidos. Eso demoraría la resolución hasta comienzos de 2015 y daría más aire para encontrar una solución negociada con NML Capital, el fondo de Paul Singer, y los otros litigantes. “No hay chance de que la Corte rechace el caso”, aventuró, optimista, un amicus curiae de Argentina. Incluso en Estados Unidos auguran una solución favorable, máxime tras los arreglos con Repsol y el Club de París, que, para la administración Obama, demuestra que el país quiere pagar sus deudas.

Pero la alternativa de pagar en Buenos Aires si la Corte Suprema deja firme la sanción tiene como trasfondo la decisión del gobierno de Cristina Fernández de mostrar voluntad de pago con los acreedores que participaron de los dos canjes de deuda. Eso, independientemente de que los abogados de Argentina insistieron ante ese tribunal y, el viernes, ante el juez de Nueva York Thomas Griesa en que el país cumplirá una sentencia en contra. La Corte definirá el jueves 12 la suerte de Argentina y la comunicará ese día o el lunes 16. El 30, el país debe afrontar un pago de deuda.

El 26 de agosto pasado, luego de que la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificara el fallo de Griesa que obliga a pagar a los fondos buitre todo el reclamo, la presidenta Cristina Fernández prometió en cadena nacional un canje voluntario de bonos para cambiar los títulos con legislación de Nueva York por otros de ley argentina. La iniciativa, que inmediatamente replicó en la justicia estadounidense como un intento de evadir la sentencia, no prosperó.

Ahora no contempla el canje voluntario, sino un cambio unilateral de las condiciones de pago, según reconstruyó este diario de tres fuentes oficiales. En el mercado de deuda local también están al tanto de la maniobra.

Se trata de un default técnico. El Tesoro depositaría los dólares en un banco local (el Banco Nación, por ejemplo), que abriría cuentas para los tenedores de bonos en Caja de Valores para, desde allí, girar los pagos al exterior, explicó un operador financiero.

La operatoria es muy compleja y no está exenta de riesgos. Por un lado, el Gobierno evadiría a los agentes de pago: el Bank of New York (BONY) y la cámara compensadora Depositary Trust & Clearing Corporation (DTC), integrantes del fideicomiso ideado en el canje de 2005 para evitar embargos. Es DTC recibe y cursa los pagos y, por ende, conoce quiénes son los tenedores de bonos. El BONY es el agente fiduciario. Eso traería problemas legales a esas entidades estadounidenses, ya que deberían prestar colaboración en el eventual cambio de sede y eso podría interpretarse como una incumplimiento del fallo, que también los obliga a retener el dinero.

“Deberían canjear los bonos, algo que no pueden hacer sin la asistencia del BONY y el DTC”, explicó un experimentado abogado en reestructuraciones de deuda.

La otra alternativa en caso de un fallo en contra es declararse en default y renegociar nuevamente el 100% de la deuda, según propuso el estudio Cleary Gottlieb en un escrito que trascendió en el portal Seprin que los abogados reconocieron como válido ante el juez Griesa el viernes, según publicó ayer Ámbito Financiero.