Un abogado del país en Washington le dijo a la delegación de
legisladores que la Corte pediría una revisión del caso en Nueva York
WASHINGTON.- La defensa de la Argentina ante los llamados fondos buitre
sorprendió ayer con dos posibles nuevos escenarios para la crucial
deliberación de la Corte Suprema de Estados Unidos para decidir si toma o
no en revisión el expediente en el que pesan ya dos fallos adversos
contra nuestro país. Ésa fue una de las sorpresas en el encuentro
que, como inicio de su agenda en esta ciudad, mantuvo la delegación de
diputados del Gobierno y de la oposición con el abogado Paul Clement.
Fue en la embajada argentina y a puertas cerradas. Hasta ahora se esperaban tres posibles salidas . Que la Corte rechace el caso, que lo acepte o que, antes de decidir, opte por pedirle opinión al gobierno norteamericano. Según recogió LA NACION, Clement, el ex procurador nombrado por el ex presidente George Bush y contratado ahora como estratega por el gobierno de Cristina Kirchner , añadió ayer dos más. El
primer nuevo escenario es que la Corte no decida nada pasado mañana y
que se abstenga de hacerlo por un período que no iría más allá de unas
dos semanas más. "Es un poco más de tiempo", dijo una fuente
legislativa que escuchó ayer a Clement. El segundo nuevo escenario
es uno que el propio estratega abrió en febrero pasado, cuando, apenas
incorporado al equipo defensor de nuestro país, pidió a la Corte Suprema
que pidiera una nueva opinión al máximo tribunal del estado de Nueva
York. En concreto, lo que pidió Clement a los magistrados del
tribunal supremo fue que, antes de decidir nada, solicitaran a la Corte
neoyorquina una revisión de la interpretación que hicieron de la
cláusula de pari passu (de tratamiento igualitario de acreedores, que es la que está en juego en la esencia del expediente). Para
Clement, ese asunto no está cerrado y, de hecho, entre las opciones en
danza, le otorgó cierto margen a la posibilidad de que los magistrados
se inclinen por pedir esa revisión al máximo tribunal neoyorquino. Otra
de las cosas que constataron fue lo beneficioso que resulta en esta
ciudad un oficialismo capaz de presentarse acompañado por miembros de la
oposición. "Ojalá yo pudiera tener siempre este nivel de coincidencia
en el Congreso", dicen que bromeó -con ironía cargada de sentido- la
responsable del Departamento de Estado para la región, Roberta Jacobson,
tras escuchar a la delegación. La cartera no hizo comentarios formales. "Esta
delegación multipartidaria vino a demostrar que la defensa de la
posición argentina contra los fondos buitre es una cuestión de Estado",
dijo Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, del
oficialista Frente para la Victoria. "Esto es una cuestión que supera a
un gobierno, esto es de todo el país", expresó Martín Lousteau (UNEN).
"No tenemos dudas ni nunca las tuvimos: la defensa de estos intereses es
política de Estado", ratificó Federico Sturzenegger (Pro). No
hubo encuentro con autoridades de la Casa Blanca. La actividad siguió
luego con la líder de la minoría demócrata en la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi. En las dos reuniones, la mecánica
fue la misma: exponer la posición de la Argentina, su voluntad de acatar
un fallo y el reclamo de que se interprete correctamente lo que
significa "tratar por igual a los acreedores". "En un marco de
respeto, lo que se intentó fue explicar que la interpretación del juez
neoyorquino Thomas Griesa, de que tratamiento igualitario significa
pagar según lo que se reclama, no es correcta", dijo Sturzenegger. La
delegación sabe que no tiene chance alguna de influir en la crucial
deliberación de pasado mañana. Pero sí esperan ser útiles para el caso
de que haya un pedido de opinión al gobierno norteamericano. "En ese
caso, lo que queremos es explicar la posición de modo que favorezca a
nuestro país", dijo Lousteau. Por la oposición, también viajó el
presidente del bloque del Frente Renovador en la Cámara baja, Darío
Giustozzi. La delegación regresará a Buenos Aires mañana, un día antes
de la deliberación a puertas cerradas en que la Corte Suprema podría
decidir qué hacer con el expediente del caso argentino.
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