Por Silvia Pisani - Fue más que retórica. Además del "es hora de que la Argentina honre sus compromisos con los acreedores", los fondos buitre dieron ayer pasos sigilosos pero concretos ante el sistema judicial norteamericano para hacer valer su victoria. Es su carta fuerte y quieren ponerla sobre la mesa ya.

Fue una reacción rapidísima. Como si la hubiesen tenido lista. No habían pasado más de tres horas de la decisión del tribunal supremo y los llamados holdouts se presentaron ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para pedir que se levante "de forma inmediata" la medida cautelar (stay) que, por ahora, impide la ejecución de los fallos adversos al país.

Firmado tanto por los abogados del fondo NML Elliot como los de Aurelius Management, el texto pide a los tres jueces de la Cámara de Apelaciones neoyorquina que produzcan un "mandato".

Según se explicó a LA NACION, la producción del "mandato" significa, precisamente, levantar la cautelar y poner en ejecución los fallos adversos.

"La que ahora tiene la potestad de levantar o no la cautelar es la Corte de Nueva York, y yo no creo que tarde muchos días en decidirlo. Más bien, diría que unos pocos días", dijo a LA NACION Richard Samp, abogado de la Washington Legal Foundation, que ha venido siguiendo el caso.

Ganadores en el terreno judicial, los fondos buitre no hicieron ayer declaraciones. Sí fijaron su estrategia de dureza con los hechos y con una breve declaración.

"El tribunal más alto de los Estados Unidos ha hablado. Ahora es el momento para que la Argentina honre sus compromisos con sus acreedores", dice el texto. Si la Argentina decide honrar los fallos de primera instancia "terminará produciendo un beneficio a su economía y a su posicionamiento internacional", añade.

Desde la perspectiva de los demandantes, la batalla se da ahora entre la fuerza de un fallo absoluto en su favor y la necesidad de convertirlo en real. "Tener la razón les da una posición de fuerza. Pero eso no significa necesariamente que vayan a cobrar, y ellos quieren cobrar", indicó un abogado que sigue la causa.

Esperaban anoche una definición del gobierno argentino y estaban atentos a eso. Si bien no lo dijeron abiertamente, la impresión anoche era que su estrategia podría apuntar a una negociación sobre la forma de pago, con una supervisión del juez Thomas Griesa. "Con la decisión del máximo tribunal, las responsabilidades están claras. El levantamiento de la medida cautelar está en manos de la Corte de Nueva York. Si lo levanta, el fallo de Griesa queda ratificado y el juez puede poner en marcha los embargos o, si lo solicitan las partes, supervisar una negociación entre partes", dijo Samp.

Ése era el escenario que se preveía para los triunfadores de la jornada. Un panorama que se dio vuelta para la Argentina con sólo una palabra. "Denegado", dijeron los jueces a su pedido de apelación, y el abismo se abrió amenazante. Fueron ocho jueces los que firmaron la sentencia y posiblemente nunca se sepa quiénes la apoyaron con su voto y quiénes no. Es el misterio de un sistema judicial que actuó con independencia de los demás poderes, incluido el de la Casa Blanca. Sólo se sabe que la hispana Sonia Sotomayor se abstuvo de tomar parte.

Más allá de algún recurso, que tiene más de formal que de real, la vía judicial se acabó. "Ese camino está acabado", dijo Anna Gelpern, de la Escuela de Derecho de Georgetown.

Le queda al Gobierno la formalidad de pedir una "reconsideración" (rehearing) del caso. Tiene un plazo de 25 días para hacerlo. Pero quienes conocen a la Corte Suprema de EE.UU. dicen que eso no tiene futuro y que será rechazado. Aclaran también que ese plazo no paraliza nada. Que si la Argentina no mueve su ficha -por alguna vía alternativa- los fallos por los que ya fue condenada perderán el amparo de la medida cautelar (stay) que ahora los tiene en suspenso y entrarán en ejecución..