Por: Rubén Rabanal - Jorge Capitanich, Axel Kicillof y Carlos Zannini llegarán al Congreso hoy por la mañana. El objetivo oficial, relatado ayer por el ministro de Economía, es explicar a diputados y senadores el impacto de la decisión de la Corte Suprema de EE.UU.

No será una reunión abierta, sino un informe reservado a los jefes de bloques de cada Cámara. Ese carácter secreto ayer alimentó mil posibilidades en el Congreso, las mismas que habilitó Kicillof al explicar por la tarde que el Gobierno iniciaba el camino para transferir a la Argentina el pago de la deuda reestructurada y al mismo tiempo enviaba a los abogados del país a dialogar con el juez Thomas Griesa, el mismo que dijo en la última audiencia con los abogados del país y los demandantes "No hay necesidad de hablar de catástrofe... Si la República hiciera un giro y actúa de buena fe, puede haber una negociación".

De las dos opciones, la oposición intentó ayer abrazar la que abre la posibilidad a una negociación, tal como recomendaron desde Julio Cobos hasta Mauricio Macri, Hermes Binner o Elisa Carrió. Sólo es ilusión, ya que no existió información adelantada sobre lo que escucharán de boca del ministro.

Anoche todos los jefes de bloque le avisaron a Julián Domínguez que estarán presentes a las 10 en el Salón del Honor para escuchar lo que los ministros tienen para decir.

Muchos de ellos recordaban ayer una reunión similar en la que, también bajo secreto Daniel Marx, por entonces secretario de Finanzas del Gobierno de Fernando de la Rúa, corrió al Congreso a explicarles a los jefes de bloque las alternativas del "megacanje".

Carrió no estará presente ya que el interbloque UNEN decidió delegar en Martín Lousteau el tratamiento de todo este tema.

Lousteau deleitó a ese bloque esta semana en una reunión reservada donde relató todo el periplo de diputados y senadores por los despachos del Capitolio en Washington, relatando la opinión que los estadounidenses tienen de cuestiones que por aquí hoy pasaron a archivo, como el caso del memorando con Irán.

Más allá del informe de Kicillof no hay certezas aun de que el Gobierno le pida alguna medida al Congreso. Está claro que corresponde al Parlamento el arreglo de la deuda pública y, por lo tanto, todo lo que decida la Casa Rosada sobre el tema lo hace por una facultad delegada.

La ley del cerrojo al canje, por otra parte está abierta desde 2013 cuando se decidió que el Congreso volvería a cerrarla cuando finalice el proceso de reestructuración total de la deuda.

AllÍ no hace falta ley entonces: el artículo 7 de esa ley de segunda reapertura, suspende la vigencia del cerrojo, deja el cierre del canje supeditado al Congreso y deja la vía libre a la operación que se había encargado el año pasado para intentar incluir en el canje a parte del 7% que había quedado afuera pero, principalmente, dar una señal de voluntad de pago a la Corte Suprema, estrategia que, obviamente, no resultó.

Por el contrario si se necesitaría una votación para convalidar la transferencia del domicilio de pago a bonistas reestructurados de Nueva York a Buenos Aires.