Por Emiliano Galli | LA NACION - La Corte Suprema se expidió recientemente sobre la inconstitucionalidad de los derechos de exportación con el fallo sobre Camaronera Patagónica.

El máximo tribunal nacional argumentó que se estaba frente a una violación del principio de legalidad en materia tributaria.

Cuando trascendió la sentencia, se generó un revuelo tal que los teléfonos de los estudios jurídicos comenzaron a hervir con llamadas de exportadores sedientos de justicia.

Uno de los principales estudios jurídicos especializados en derecho aduanero prefirió "congelar" la temeridad de los empresarios que visualizaban un reembolso de las mal llamadas retenciones.

De hecho, los abogados consultados desmitificaron el impacto de la sentencia de la Corte, que anuló la resolución que había establecido los derechos de exportación porque su alcance contempla sólo los tributos cobrados en "el período comprendido entre el 5 de marzo de 2002 y el 24 de agosto de 2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su contenido rango legal", tal como señala el considerando 11, en su último párrafo.

Lamentablemente, los derechos abonados luego del lejano 24 de agosto de 2002 "son legales por no violar aquel principio", aseveración que, no obstante, nada dice respecto de la legalidad de este impuesto en el derecho del Mercosur para las exportaciones dentro del bloque. La empresa en cuestión, Camaronera, no alegó este punto porque, sencillamente, no estaba en juego.

Así las cosas, la cobertura legal se extendió hasta el 24 de agosto 2010, momento en que por fuerza de la Constitución nacional y de la ley 26.519 caducó la legislación delegada, es decir, la potestad de fijar derechos de exportación por medio de una resolución del Poder Ejecutivo.

Asimismo, son inválidos los derechos de exportación establecidos luego del 24 de agosto de 2010. Desde esa fecha, sólo se modificaron derechos de algunas partidas cuyo impacto no es relevante.

Los únicos derechos creados, y por lo tanto nulos, recayeron sobre el biodiésel. "Sin embargo -agregan los abogados- los exportadores de biodiésel no accionarán porque la Cancillería inició un panel en la OMC por las restricciones impuestas por la Unión Europea", reclamo que caería si la justicia argentina recibe una acción por la devolución de los derechos de exportación..