Por MARÍA CANDIA - Sólo faltaba el discurso de la presidenta Cristina Kirchner del viernes pasado, que después de idas y venidas, confirmaba la alternativa oficial de un acuerdo. El cambio de tono fue bienvenido por los holdouts aunque dejaron claro no haber sido contactados por funcionarios argentinos, por lo que el escepticismo “buitre” continúa. “Debemos seguir esperando para ver si esta vez los argentinos son serios acerca de una negociación en privado y de buena fe”, se escuchó decir en NML.
Es que el acuerdo entre ambas partes deberá ser “face to face” y en privado, por lo que el rol del juez Thomas Griesa en esta instancia será la de un mediador. “La negociación tiene que ser directa entre los funcionarios argentinos y NML. Puede ser que las partes se reúnan primero con el juez, quien podrá escucharlos y sugerir ciertas cuestiones, pero este hecho implicaría un encuentro posterior entre las partes”, explicó a El Cronista, Richard Samp, asesor principal de la Washington Legal Foundation, que sigue de cerca el caso.
“Es poco probable que el juez supervise la negociación, si se llega a un acuerdo, él lo puede aprobar”, concordaron Antonia Stopler y Henry Weisburg, socios del estudio Shearman & Sterling en diálogo con este diario.
Según Samp, una vez que el acuerdo esté definido, Griesa podrá eliminar la orden del fallo, lo cual es positivo para la Argentina, ya que no sentaría un precedente legal a los otros acreedores que no entraron al canje y que buscan obtener fallos similares al de NML. Argentina tiene casi 40 días para negociar antes de entrar en default por lo que deberá demostrar una clara intención de acordar con los holdouts, ya que según los expertos legales consultados, conseguir una implementación temporaria del stay ante el tribunal requerirá del acuerdo de NML. Si los términos de un acuerdo de buena fe estuvieran avanzados, entonces sería posible que el juez imponga la medida cautelar en forma temporal para evitar que el país caiga en una suspensión de pagos.
Los fondos se prestaron a celebrar inmediatamente después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la apelación del gobierno argentino que obliga a pagarles u$s 1.400 millones la próxima vez que afronte pagos de la deuda reestructurada. Sabían que la amenaza de un default sería el arma más fuerte que podían conseguir para que el Gobierno negociara.
De todos modos, acordar no será nada fácil. Desde Wall Street señalan como más probable la intervención de Goldman Sachs y UBS, dos bancos de inversión que podrían trabajar juntos para generar un esquema de pagos similar al de Repsol y el Club de París para evitar que se dispare la cláusula RUFO, que obliga a extender a bonistas reestructurados las ventajas que el país diera a otros.
Para Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas Etchebarne Kelly, la Argentina puede dialogar pero no puede decir nada por escrito o verbalmente que pueda ser considerado una oferta voluntaria que dispare el RUFO. “No hay ningún margen de error con el RUFO ya que podría multiplicar la deuda de pares y discounts –beneficados por la cláusula– por 20. Todavía no se puede negociar. Solo se puede dialogar. Y hay que hacerlo con suma cautela”, señaló.