La oferta que se efectuará a los fondos NML Capital, Aurelius y otros, que ganaron un juicio por u$s 1.330 millones en la justicia de Nueva York por sus bonos en default, tiene no obstante un gran cerrojo: la obligación de Argentina para con los bonistas que ingresaron a las dos ediciones del canje de deuda de equipararles cualquier propuesta que haga a otros acreedores privados.

Como informó El Cronista en sus ediciones del jueves y del viernes, bonistas de Europa que participaron de la reestructuración piensan seriamente en iniciar nuevos juicios, ahora para reclamar el pago de la diferencia entre la deuda en default y los pagos del canje, por el que sufrieron una quita del 65% de lo adeudado.

Como advirtió el abogado Marcelo Etchebarne, especialista en deuda del estudio Cabanellas, cualquier pago a los holdouts que no sea el 100% de la sentencia (u$s 1.330 millones en efectivo), puede ser interpretado como una violación de la cláusula RUFO, por la cual el país no puede pagar más de lo que abonó a quienes ingresaron al canje. Por eso, tal como argumentó el Gobierno en sendas solicitadas publicadas el fin de semana en los diarios Wall Street Journal y New York Times, la sentencia del juez de distrito Thomas Griesa arrastra al país a un default de u$s 120.000 millones.

Esa es la encrucijada en la que trabaja en el más absoluto silencio el equipo económico de Axel Kicillof en estos últimos días. El primer paso depende de la Justicia norteamericana. “Esperamos una decisión judicial que promueva condiciones justas y equitativas de negociación”, pidió Argentina en la solicitada en diarios estadounidenses.

Alternativas difíciles

Hasta anoche, Economía insistía en que no tenía definido viajar a Nueva York a negociar con los representantes de NML Capital, a pesar de que el viernes la presidenta Cristina Fernández dijo en cadena nacional que el país estaba dispuesto a hacerlo, en condiciones equitativas. El primero en mencionar el viaje fue el abogado de Cleary Gottlieb que representa al país, Carmine Boccuzzi, el miércoles último en una audiencia con Griesa y los buitres. El problema es que la justicia de ese país no detendrá los embargos que dispuso sobre los pagos de deuda regularizada hasta que los litigantes lo pidan porque existen negociaciones. Los vencimientos de deuda del próximo lunes alcanzan los u$s 900 millones, de los cuales unos u$s 200 millones corresponden a bonos con legislación estadounidense.

En ese corsé, trascendieron distintas alternativas de negociación. Representantes del banco de inversión Goldman Sachs se ofrecieron de intermediarios con representantes de NML Capital. El banco podría comprar la deuda del juicio, que quedaría abstracto. El problema es que esta es la primera sentencia negativa de varias posibles: hay otros u$s 4.500 millones en cortes estadounidenses y, según Argentina, potenciales juicios por u$s 15.000 millones. En el Gobierno no descartan ninguna posibilidad, pero juzgan que es difícil.

Otra posibilidad es la de un canje mejorado. Como trascendió ayer en Economía Política, programa de C5N, el Gobierno podría pagar ya una oferta similar a la de la reestructuración e incluir los desembolsos del cupón PBI para hacer más jugosa la propuesta, como para esperar una eventual resolución definitiva en 2015, cuando caiga la cláusula RUFO de los bonos. Otra vez, aquí jugará la interpretación judicial: cualquier cambio en las condiciones (los acreedores del canje 2010 recibieron cupones sólo desde entonces y no los pagos correspondientes a los cinco años previos) podría desatar nuevos juicios.