Por MARÍA ELENA CANDIA - Mucha gente se está refiriendo a un pago de u$s 15.000 millones, pero no queda claro de dónde vienen esos números, indicó Bruce Wolfson, abogado del estudio Bingham McCutchen, en una conferencia organizada por iniciativa de la American Task Force Argentina (ATFA), con el fin de desmentir ante la prensa los cálculos del Gobierno en relación al total de la deuda que deberá afrontar y incluso contó con la visión del economista argentino Claudio Loser, quien también cuestionó las cifras oficiales.
Según los cálculos de ATFA, el monto total que debe hacer frene el Gobierno bajo jurisdicción Nueva York asciende a u$s 9.000 millones. De esta cifra se desprende que u$s 6.000 millones tienen fallos finales para el pago de la deuda, entre los cuales se encuentran las órdenes por los casos de discovery. Más o menos u$s 3.000 millones no han demandado y/o recibido fallos para el pago de la deuda, entre los cuales se encuentran los casos por el pari passu, agregó Wolfson.
De acuerdo al abogado, los u$s 15.000 millones incluyen deuda que no es similar a los términos legales planteados por NML en las cortes norteamericanas. Es decir, que tiene en cuenta a varios acreedores con distintos reclamos, algunos bajo la legislación alemana o inglesa, donde no se han establecido interpretaciones del pari passu.
El Gobierno reiteró en diversas oportunidades que el fallo del juez Thomas Griesa que ordenó el pago de u$s 1.500 millones para ser desembolsados el 30 de junio, que es la fecha de vencimiento para el próximo pago a los bonistas que sí entraron en la reestructuración de la deuda, le representará al país reclamos por u$s 15.000 millones. De acuerdo a las estimaciones oficiales, este monto sería el total de los bonos en default que no aceptaron el canje, lo que representa más del 50% de las reservas en moneda extranjera del país.
Según Claudio Loser, economista y ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, este número es una exageración. Va en sintonía, desafortunadamente, con la opinión que muchos de nosotros tenemos acerca de la calidad de las estadísticas y el juego con los números, que ha sido una característica del país en los últimos años, agregó Loser.
Para el economista, aunque la Argentina deba afrontar un pago total por u$s 9.000 millones, la cifra sólo representa el 2% del PBI, un porcentaje que puede ser incorporado al presupuesto del Gobierno. Asimismo, Loser enumeró las consecuencias económicas que tendría el país en caso de acordar con los holdouts, como recibir flujos significativos de préstamos a costos más bajos, lo que eventualmente compensará aquello que la Argentina deba pagar a los holdouts.
Cláusula Rufo
Una vez más, desde ATFA hicieron hincapié en que la cláusula RUFO, que obliga a extender a bonistas reestructurados las ventajas que el país diera a otros, no constituye un obstáculo para el país. El gobierno argentino cuenta con diversas opciones para negociar. Si existiera una disposición del país a negociar, seguramente habrá una forma de hacerlo sin que se dispare la cláusula, explicó Wolfson. La cláusula vence en diciembre de este año.