Tras la decisión de los laboratorios de recurrir a la justicia para evitar retrotraer los precios de los medicamentos a los que regían en mayo, el Gobierno profundizó la avanzada contra el sector y amenazó con sanciones para los que no cumplan con esa medida anunciada el martes por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio Interior. En esta ocasión, el vocero oficial de la avanzada fue el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien aseguró que se aplicarán las “sanciones” correspondientes para garantizar que los laboratorios vuelvan atrás con los valores a los vigentes al 7 de mayo pasado.
Tras defender la medida adoptada por el organismo a cargo de Augusto Costa -que anula las subas del 4% en los remedios y congela los valores por dos meses-, Capitanich sostuvo que “se aplicarán las sanciones pertinentes para garantizar el cumplimiento del precio de los medicamentos en beneficio de los consumidores”.
El funcionario formuló esta advertencia en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, un día después de que las cámaras empresarias farmacéuticas anunciaron iniciarán medidas legales para accionar contra la disposición de Comercio Interior. Ayer, este organismo había informado que las subas fueron de entre 3% y 4% promedio en los precios sugeridos en más del 70% de los productos.
Tras conocer este informe, las cámaras empresariales que agrupan a todos los laboratorios acusaron al Gobierno de tomar una medida “sorpresiva, arbitraria e ilegal”, y agregaron que la decisión “esconde las verdaderas raíces del problema, que ciertamente no residen en la industria farmacéutica”.
Mediante un comunicado respaldado por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme); la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) y la Cámara Industrial de Laboratorios Argentinos (Cilfa), el sector advirtió que “las actuales circunstancias nos obligan a recurrir a la Justicia para defender nuestros derechos, las fuentes de trabajo y el sistema de salud”.
Sin embargo, lejos de escuchar los reclamos de las empresas, Capitanich indicó que “la resolución 90 establece retrotraer el precio final de venta de todos los medicamentos cuya comercialización se encuentre autorizada”. También les recordó a los laboratorios que “deben garantizar la productividad y el abastecimiento”, y a las cámaras que deben informar los precios de los productos desde el 1º de abril. Además, les pidió que presenten en un máximo de 10 días hábiles un informe detallado de los precios de todos sus productos, desde el 1 de abril pasado hasta la fecha.
Paralelamente, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dispuso remitir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) los antecedentes de la norma para que proceda a investigar si las subas denunciadas “podrían configurar una práctica restrictiva y/o distorsiva de la competencia”.
Consultados por El Cronista, en las cámaras empresarias no hicieron declaraciones sobre las amenazas de Capitanich.
En este contexto, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos calificó como acertada la medida y acusó a los laboratorios de no haber cumplido con el acuerdo previo, sellado de palabra en marzo pasado para retrotraer los precios a diciembre de 2013.
Por su parte, el titular de la asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la Argentina, Carlos Villagra, dijo que los laboratorios “no tienen compasión” y que al momento de establecer aumentos “siempre tienen argumentos”.