Facsímil de la presentación hecha a la entidad que regula los CDS que argumenta que hubo un default de facto, según las palabras de Kicillof. Por: Jorge G. Herrera - Mientras en Nueva York comenzaron las conversaciones entre el Gobierno argentino y los fondos buitre con la mediación de Daniel Pollack, otros inversores intentaron sacar provecho de la delicada situación yendo en busca de la activación de los seguros contra default (credit swaps default o CDS) contratados para la deuda argentina.
Días después de la conferencia de prensa que brindó el ministro de Economía, Axel Kicillof, tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU., la firma norteamericana de abogados Schulte Roth & Zabel, en representación de un grupo de inversores, presentó ante la International Swap and Derivatives Association (ISDA), entidad que rige el mercado de los contratos de derivados y swaps, el pedido de dictamen sobre si la Argentina gatilló los CDS vinculados a su deuda. En otras palabras, lo que estos inversores solicitaron era que el comité respectivo de la ISDA dictaminara si la Argentina había entrado o no en default. Porque para ellos hubo un default de facto.
El 20 de junio pasado los abogados Craig Stein y Kristin Boggiano, de la firma Schulte Roth & Zabel, enviaron la consulta al Comité de las Américas del ISDA, amparándose en las declaraciones públicas del ministro Kicillof de que no podría pagar a los bonistas a fin de mes (adjuntaron la transcripción textual y completa de la conferencia). Según estos abogados, los dichos de Kicillof constituían un evento de repudio o moratoria potencial que podría conducir en última instancia al pago de los contratos CDS, según los criterios fijados por ISDA en 2003.
Para beneplácito del Gobierno argentino y de varios brokers y bancos internacionales (que comercializan estos CDS), el Comité rechazó ayer la solicitud, y así lo hizo público la ISDA a través de su página web.
Vale recordar que los CDS son contratados por tenedores de bonos o por especuladores para cubrirse de una eventual cesación de pagos. En la actualidad, el costo de los CDS argentinos se ubica en más de 1.400 puntos, lo que implica que por cada 10 millones de deuda a cubrir ante la probabilidad de una moratoria el costo es de u$s 1,4 millón. La Argentina lidera el ranking mundial superando a Venezuela y a Ucrania, que tienen un costo de 898 y 867 puntos, respectivamente.
Más allá de las suspicacias, dado que el Comité lo conforman empresas que incluyen a los bancos JPMorgan Chase y Citigroup, entre otros, el tema era delicado porque hubiera detonado no sólo millonarias pérdidas en el mercado internacional, sino convalidado, de cierta forma, que la Argentina había nuevamente incumplido sus compromisos de deuda con las consiguientes consecuencias ya conocidas. Porque lo relevante era que el pedido al Comité lo hizo un grupo de inversores que había entrado a los canjes de la deuda argentina. De modo que no sólo se activaban los CDS, sino que se consideraba la deuda reestructurada en default.
A diferencia de un default y otros eventos de crédito que pueden desencadenar los pagos de los CDS, un acto de repudio o moratoria es un proceso de dos partes, según las reglas del ISDA, siendo la primera una evaluación del potencial default (repudio) mientras que la segunda implica un incumplimiento de pago (default). Por suerte para la Argentina el pedido fue rechazado. Para los funcionarios vale la enseñanza de que cada palabra que dicen es monitoreada por los mercados en busca de alguna grieta.
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