El jueves, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció en conferencia de prensa que el Gobierno había iniciado los mecanismos para pagar los vencimientos de hoy, por unos u$s 1.000 millones, de los cuales u$s 832 millones corresponden a bonos emitidos bajo ley extranjera y u$s 539 millones tienen sede en Nueva York. Esos u$s 539 millones quedaron depositados en cuentas del Bank of New York (BONY), agente de pago, del Banco Central. El desafío duró poco.

Con rapidez y hasta errores de ortografía, los abogados de NML Capital y otros fondos litigantes solicitaron a Griesa una audiencia para declarar a Argentina en desacato, ya que el juez había conminado al país a pagar pari passu los bonos reestructurados y los bonos en default por u$s 1.330 millones de quienes ganaron el “juicio del siglo”. Griesa optó por prohibir el pago y obligó al BONY a devolver el dinero al pagador, a la espera de que en el próximo mes las negociaciones entre el país para encontrar una forma de pago avancen.

Argentina reaccionó con vehemencia y buscó involucrar al BONY y a los bonholders en su estrategia. “Griesa le ‘ordenó’ al Banco de Nueva York la ‘devolución’ de los fondos que ya pertenecen a los bonistas. En síntesis: trata de impedir a los bonistas cobrar lo que legítimamente es de ellos”, indicó Economía en un comunicado el viernes por la noche. El Gobierno cargó contra Griesa, algo que había quedado de lado cuando la presidenta Cristina Fernández bajó el tono de la discusión. “El juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio (...). Por ello calificamos de insólita e inédita la medida”, insistió.

El juez, que rechazó sumar nuevas demandas a la causa, insistió en que las partes debían llegar a un acuerdo en las oficinas del mediador designado por el magistrado, el abogado Da niel Pollack. Los contactos entre los abogados de Argentina y los holdouts continuarán esta semana, en medio de la tensión.

“Ni pago ni embargo (...). El juez Griesa tomó la decisión de mitad de camino”, consideró la firma Raymond James en un reporte. Los representantes de NML Capital, del magnate Paul Singer, insisten en que están dispuestos a solicitar a Griesa una medida cautelar que permita al país pagar si Argentina avanza en una oferta. El Gobierno se prepara para la siguiente fase: si apostaba a poder pagar hoy, en tiempo y forma, los vencimientos, el objetivo próximo será evitar el default en el próximo mes.

“Los holdouts quieren cobrar y el Gobierno quiere pagar”, interpretó la consultora Analytica. “En los próximos 30 días veremos más volatilidad pero creemos que está en la conveniencia de ambas partes evitar el default”, afirmó.

El Gobierno apuesta a algún tipo de entendimiento que permita estirar las negociaciones hasta que venza la claúsula RUFO de la deuda reestructurada, que obliga a igualar cualquier oferta a aquellos que aceptaron las dos ediciones del canje. Las interpretaciones legales son encontradas: para algunos, un arreglo en sede judicial con cosa juzgada no aplicaría como violación de la RUFO. Otros expertos indican que cualquier pago que no sea el de la sentencia (pago en íntegro y en efectivo) violaría esa claúsula.

En paralelo, el Gobierno busca más apoyo internacional para presionar a la justicia de Estados Unidos. Hoy se confirmará si el canciller Héctor Timerman y Kicillof vuelven a Nueva York, esta vez a buscar una declaración de apoyo de los cancilleres de la OEA. Allí participa Estados Unidos.