La Presidenta tomó esa decisión, aclaran sus colaboradores, sin conocer la gravedad de lo que ocurriría en los meses que siguieron, con el arribo de The Old Fund, un fondo que el juez federal Ariel Lijo consideró, en su resolución del viernes, que pertenece a Amado Boudou (entonces ministro de Economía).

Sin embargo, luego del estallido del escándalo, en febrero de 2012, la Presidenta decidió darle cobertura política a su número dos con una serie de decisiones de protección que pudieron derivar en un potencial encubrimiento, con la destrucción de evidencias cuando dos colaboradores de Boudou encabezaron la intervención de Ciccone.

Al procesar a Boudou, Lijo llegó a la conclusión de que la expropiación de Ciccone fue "la concreción de la voluntad original de la Administración Pública de adquirir oficialmente la planta", decisión que terminó de tomarse cuando el caso ya había salido a la luz. "No resultaría llamativo -estimó-, especialmente después de que los hechos delictivos tomaran estado público, que el Estado nacional decidiera su expropiación."

Dos años antes, sin embargo, el promotor de la privatización había sido el ex presidente Néstor Kirchner, que pretendía crear una nueva Ciccone con empresarios como Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, en línea con lo que también impulsó, un par de años antes, en Aerolíneas Argentinas, cuando se imaginó a Avianca como operadora e incluso con Juan Carlos Mena, de Buquebus, también como inversor.

Pero eso fue antes de que el Estado debiera intervenirla, coincidieron las fuentes consultadas.

"Néstor alentaba la idea del «G-PAIS»", indicó un alto funcionario. Las siglas corresponden, ironizó el propio informante, a "grupo privado argentino de inversores. serios", en alusión a lo que consideró que ocurrió después. "Nunca nadie se imaginó que luego Boudou haría lo que hizo con cuatro amigos."

Según la mayoría de los funcionarios y ex funcionarios que dialogaron con LA NACION, la Presidenta rechazó el plan intervencionista que a mediados de 2010 alentaban su secretario legal y técnico, Carlos Zannini; el ministro de Justicia, Julio Alak; su secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el titular de la Casa de Moneda, Ariel Rebello, entre otros. Y lo hizo por motivos, otra vez, vinculados con Aerolíneas Argentinas.

"El Gobierno ya había tomado el control de Aerolíneas y una preocupación constante de Cristina era -y así lo repetía abiertamente- que fuera a caerse un avión durante la gestión estatal. Si [la tragedia de] Once causó lo que causó, imaginate qué pasaría con el Gobierno si se estrellara un avión. La Presidenta no quería más quilombos", indicó un ex funcionario.

Que un "G-PAIS" tomara el control de la ex Ciccone le daba a la Casa Rosada otros alicientes en la visión de Kirchner, según afirman varios de sus ex colaboradores. "Siempre se les puede pedir una mano para la campaña; pueden aportar fondos o, en el caso de Ciccone, podían encargarse de la impresión de las boletas electorales", dijo uno de ellos.

Eso fue lo que ocurrió. Desde el desembarco de The Old Fund, la nueva Ciccone comenzó a ganar contratos vinculados con el oficialismo. Entre otros, uno por $ 3,3 millones con la Jefatura de Gabinete, en septiembre de 2011, cuya justificación o detalles son inhallables por la Justicia o la sindicatura de la quiebra de la imprenta.

No fue el único ingreso vinculado con el kirchnerismo. Porque la nueva Ciccone también embolsó $ 12,2 millones por la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria (FPV) que llevaron a Fernández de Kirchner y Boudou en la fórmula de 2011, pero con otra particularidad: la empresa cobró por ese servicio, que no pudo prestar por sí misma, ya que sus máquinas no servían y debió subcontratar a otras imprentas, que sí pudieron.

Ambos servicios, de todos modos, ocurrieron antes de que estallara el escándalo, al igual que los esfuerzos coordinados de varias áreas del Gobierno para ayudar a sacar a la ex Ciccone de su quiebra. Entre otras, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), liderada por Ricardo Echegaray, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que dependía de la Secretaría de Comercio Interior, al mando de Guillermo Moreno.

Con Kirchner y otros impulsores de la línea "privatista" como ganadores, sin embargo, todas las fuentes oficiales consultadas por LA NACION sostienen que la Presidenta sólo comenzó a conocer la gravedad de lo que había detrás de The Old Fund y de la nueva Ciccone tras el estallido del escándalo, en febrero de 2012.

Desde ese momento, la Presidenta decidió sostener a Boudou y darle protección política, ya que lo tomó como un ataque a su gestión en el que, en última instancia, buscaban debilitarla a ella. A pesar de que algunos colaboradores, liderados por Zannini, alentaron la opción de que el vicepresidente pidiera una licencia o, incluso, renunciara.

La Presidenta optó por seguir otro camino y apoyar, incluso, las acusaciones que Boudou lanzó en su discurso de la Semana Santa de 2012 contra el juez federal Daniel Rafecas, por entonces a cargo de la causa, y contra el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, entre otros.

Con el correr de las semanas, la Justicia determinó que todas las acusaciones del vicepresidente eran infundadas. Pero para entonces Righi ya había renunciado a su cargo, en el que el Gobierno intentó colocar a Daniel Reposo -estrecho colaborador del propio Boudou-, para luego ungir a Alejandra Gils Carbó.

Mientras la pesquisa judicial encontraba indicio tras indicio, sin embargo, la Casa Rosada tomó otras dos decisiones para reafirmar a Boudou. La primera fue, pese a todo, contratar a la nueva Ciccone para que imprimiera 410 millones de billetes de 100 pesos. Se firmó el 16 de abril de 2012, cuando el escándalo llevaba ya dos meses y medio.

La segunda decisión fue aún más polémica. El 7 de agosto de ese año, tras seis meses de revelaciones periodísticas y avances judiciales, el Gobierno anunció la intervención de Ciccone, que dejó en manos del entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la nueva titular de Casa de Moneda, Katya Daura.

Con ambas designaciones, la Casa Rosada dejó en manos de dos estrechos colaboradores del vicepresidente la custodia de material decisivo para la investigación judicial sobre Boudou. Pero alimentó las sospechas sobre un potencial encubrimiento en marcha.