Por Silvia Pisani - NUEVA YORK.- El Gobierno finalmente estaría avanzando en las negociaciones con los holdouts. Al menos dio un primer paso ayer, al confirmar que enviará una misión negociadora para reunirse con Daniel Pollack, el intermediario que designó el juez Thomas Griesa para poder llegar a un acuerdo con los fondos buitre respecto de la forma de pago de los US$ 1330 millones que, según dictaminó la justicia norteamericana, debe cancelar la Argentina.

El viernes pasado, en la audiencia que se llevó a cabo en esta ciudad, Griesa sostuvo que "si se quiere negociar hay que plantear un camino para mantener el statu quo de manera que no haya default el 30 de junio; no obstante, la situación se mantendría -estoy usando la frase una y otra vez, discúlpenme- en statu quo". De acuerdo con el comunicado de Economía, Pollack propuso luego como fechas posibles para mantener una reunión con funcionarios de la Argentina el 3 de julio o bien la semana siguiente, comenzando el 7 de julio.

"En tal sentido, el Ministerio de Economía informa que se ha designado una delegación para reunirse el día 7 de julio con el citado funcionario", dice el comunicado difundido ayer. "De este modo, la Argentina reitera su vocación para negociar en condiciones justas, equitativas y legales que contemplen los intereses del 100% de los acreedores, lo que significa puntualmente que se permita cobrar a los bonistas reestructurados en el vencimiento en curso", agrega.

Lo cierto es que la escueta pero contundente expresión negociadora de Kicillof se conoció al caer la tarde de un día difícil.

La Argentina ingresó ayer por primera vez en mucho tiempo en una mora parcial en el pago a sus acreedores y el mercado se hizo eco de la incertidumbre. Sucedió después de que el Bank of New York (BoNY), el agente de pago de los títulos argentinos con legislación norteamericana, no les hiciera a los tenedores del bono Discount la transferencia de los US$ 538 millones correspondientes al cupón que vencía ayer.

"No está claro qué es lo que piensa hacer la Argentina", sintetizó, inquieto, un operador financiero de esta plaza a LA NACION. "Toda la atención se centra en la postura que tomará el Gobierno y en la forma en que encarará la situación", abundó Diego Chameides, de Quantum Finanzas.

El malestar aumentó con la pública denuncia de los fondos buitre de que, pese a todos los anuncios, no había negociaciones en marcha y que el gobierno de Cristina Kirchner no mostraba real voluntad al respecto, en una suerte de doble estándar.

"La pretendida voluntad negociadora de la Argentina probó ser otra falsa promesa", protesto el número dos del fondo NML Capital, Jay Newman, dejando estrictamente sobre el gobierno de Cristina Kirchner la posibilidad de un nuevo default. "Nuestro fondo está listo para dialogar. Pero la Argentina rechazó hacerlo sobre cualquier aspecto de esta disputa. No hay actualmente negociaciones en curso y no hay compromiso para que existan en el futuro", añadió.

El estratega del fondo buitre reprochó a la Casa Rosada la posibilidad de que esa negativa lleve nuevamente al país a una suspensión de pagos, en "un proceso de vía muerta", que sinceramente "esperamos que reconsidere". Poco después, justamente, se conocía el anuncio de que se abría una nueva dinámica en el tenso escenario.

"Ya se sabe que este tipo de acuerdos no se alcanzan en una semana o en dos", deslizó el juez Griesa en la audiencia del pasado viernes. "Pero se alcanzan", insistió, en una de sus varias exhortaciones a que las partes lleguen a un entendimiento de pago que tuvo durante el encuentro, según se desprende del acta del caso.

Del mismo documento se desprende que los US$ 538 millones que la Argentina dispuso ya para el pago que no pudo efectuar ayer permanecen en la cuenta que el BoNY posee en el Banco Central (BCRA) y no fueron tocados, en "acatamiento" a la orden del juez Griesa, que declaró ilegal todo pago a los bonistas reestructurados que no incluyera a los holdouts. "Los fondos están allí y en señal de respeto y acatamiento de la orden judicial no serán distribuidos", aclaró el representante legal del BoNY, Eric Schaffer.

La Argentina llegará a la negociación del lunes con los buitres con el previsible respaldo de los gobiernos de la región, que así lo expresarán pasado mañana en la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero, también, con una advertencia más que sugestiva. El gobierno de Barack Obama hizo saber ayer que los fallos judiciales deben respetarse, al igual que la independencia de poderes. Y que no acompañará a la administración de Cristina Kirchner en ninguna interferencia política con ese criterio..