Con 38 votos a favor y 23 en contra, el oficialismo aprobó en el Senado la ley que limita la responsabilidad del Estado frente a las demandas judiciales de los particulares.
Primero la oposición pidió en el recinto que el Vicepresidente y titular de la Cámara alta, Amado Boudou, se tome licencia mientras se desarrolla la causa Ciccone. Luego arrancó el debate por la responsabilidad del Estado y finalmente el proyecto para sancionar a los policías que se autoacuartelen.
La nueva ley aprobada ayer establece que la responsabilidad del Estado por actividad legítima “es de carácter excepcional” y que “en ningún caso procede la reparación del lucro cesante” sino que la eventual indemnización “comprende el valor objetivo del bien”.
Esto significa que una vez que el daño ocasionado sea efectivamente acreditado, el pago por parte del Estado se limitará al valor del bien dañado, porque “los daños causados por la actividad legítima del Estado no generan derecho a indemnización”.
Además, fija que “el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos” y de esta manera deslinda responsabilidades por eventuales daños directamente en las empresas que manejen eso servicios.
Esto hará que en casos como, por ejemplo, el accidente ferroviario en la estación de Once, sea la empresa que maneja el servicio la que deba responder por los daños ante una demanda judicial y no el Estado.
Uno de los principales cuestionamientos de la oposición estuvo dirigido a la decisión del oficialismo de excluir el tema de la responsabilidad del Estado del nuevo Código Civil, que aguarda tratamiento de la Cámara de Diputados.
Según el radical Ernesto Sanz, “al sacarlo del Código Civil, se vota la ley nacional y cada provincia debe sacar su propia ley”, por lo que “este debate se replicará en 24 legislaturas y va a quedar atado a la coyuntura de cada provincia”.
Por su parte, la senadora del interbloque FAP-UNEN Magdalena Odarda consideró que esta ley “es un caso de claro retroceso jurisprudencial” y que “establece impunidad”.