Presión internacional

Por el momento, la estrategia argentina se encuentra orientada en ganar adhesiones internacionales para intentar presionar a la justicia estadounidense, a pesar del descontento de la administración de Barack Obama. El Gobierno logró respaldos de los bloques de Latinoamérica, el G-77 de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.
En paralelo, Argentina presiona al Bank of New York (BONY), agente fiduciario, a la cámara compensadora Euroclear y a los intermediarios para que exijan a Griesa que libere los pagos. El Gobierno publicó solicitadas en los diarios de hoy en los que insiste en “el efectivo cumplimiento de la República Argentina de sus obligaciones frente a” los bonistas, al haber depositado el dinero (u$s 539 millones) en las cuentas del BONY. En el caso de los bonos bajo legislación de Nueva York, repitió que la conducta del BONY de no pagar “es violatoria de sus obligaciones” como fiduciario. Con respecto a los bonos europeos, afirmó que la orden de Griesa viola su jurisdicción. Argentina tiene hasta el 30 de julio para efectivizar esos pagos y evitar el default.
Kicillof intentará mostrarle a Pollack voluntad de negociación con los recientes acuerdos con Repsol y el Club de París como ejemplos. Los holdouts pueden pedir al mediador que fije un pago en garantía. El Gobierno teme que cualquier pago parcial de la sentencia de Griesa antes del 31 de diciembre, fecha de vencimiento de la cláusula RUFO, desate juicios por parte de los bonistas del canje, que podrían reclamar hasta u$s 120.000 millones, según los cálculos oficiales.
Abogados del país trabajan en distintas interpretaciones de la cláusula RUFO para desechar cualquier cualquier posibilidad de nuevos juicios. Por eso, Kicillof insistirá en que no puede mejorar la oferta del canje por ahora.
El Gobierno tiene otra pequeña jugada entre manos. Recopilará jurisprudencia sobre los recientes casos de bancarrota de al menos tres municipios estadounidenses en los últimos años, con default incluido. En esos casos, los jueces de ese país fallaron a favor de los Estados y obligaron a los fondos de pensión acreedores a negociar quitas en sus deudas.