Por: Pablo Wende - Tal como ya lo había esbozado la semana pasada el ministro Axel Kicillof, el Gobierno redobló ayer la presión sobre el Bank of New York Mellon, el agente fiduciario designado por la Argentina para canalizar los pagos de la deuda, tanto la emitida con legislación neoyorquina como la europea. El 27 de junio el Gobierno transfirió u$s 539 millones a esta entidad, pero el dinero no se movió de la cuenta, ya que la Justicia neyorquina impidió efectuar los pagos si antes no se cumplía con la sentencia que obliga al país a pagarle u$s 1.500 millones a los fondos buitre.

Según la solicitada publicada ayer por el Gobierno, la institución "tiene la obligación de administrar y distribuir los fondos, no pudiendo retener ni devolver válidamente tales importes a la República Argentina". Este párrafo, al mismo tiempo, es una respuesta a la sugerencia del juez Thomas Griesa, quien le había sugerido a la institución que le devuelva ese pago a la Argentina.

El exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, también salió a aclarar algunos puntos en relación con la disputa con el BoNY. A través de su cuenta de Twitter, explicó que el canje de bonos de 2005 (reabierto en 2010) fue hecho de tal manera que se buscó evitar cualquier posibilidad de embargo judicial. "Por eso, Griesa no embarga sino que simplemente ordena frenar el pago", señaló. Además, explicó que el BoNY "recibe fondos en la cuenta que le abrimos en el BCRA. Es la única entidad no residente que tiene cuenta allí". Y agregó en ese mismo sentido que "cuando los fondos viajan son propiedad de los bonistas. BoNY actúa como fiduciario de ellos".

La Argentina presiona para que sea el BoNY quien solicite a la Justicia estadounidense la posibilidad de cumplir con el contrato firmado y le autorice a transferir los fondos a los bonistas. De lo contrario, abre la puerta no sólo para que el Gobierno inicie litigios por un supuesto incumplimiento de contrato, sino también que los propios bonistas podrían ir contra la entidad por la falta de cobro. Sin embargo, parece más que difícil que el Gobierno pueda deslindar responsabilidades en caso de que se declare el default luego del 30 de junio.

Un capítulo aparte es la situación de los tenedores de eurobonos, que serían algo así como los terceros en discordia. Estos inversores se vieron perjudicados indirectamente por el fallo de Griesa, ya que el Gobierno paga a través de la sede en Luxemburgo del Bank of New York. También en este caso, el Gobierno solicitó al juzgado que libere los fondos, ya que no tendría jurisdicción sobre estos títulos. El problema es que al congelar los dólares que la Argentina ya remitió al BoNY tampoco pueden cobrar los inversores con bonos europeos. Por lo tanto, los únicos que pueden seguir cobrando con normalidad -mientras se mantenga firme la sentencia de Griesa- son quienes tienen títulos bajo ley argentina, tal como sucedió el último 30 de junio con el pago del cupón semestral de intereses del bono Discount.