Participaron de la reunión especialistas legales y financieros, como Yannis Manuelides (Allen & Overy), quien moderó el encuentro, Stephen Fang (Aberdeen Asset Management), Charles Blitzer (Blitzer Consulting) Stuart Culverhouse (Exotix), Alejo Costa (Puente) y Timothy G. Nelson (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom).
"Varios de los panelistas creen que el tiempo que queda para negociar es poco y que el gobierno argentino lo está perdiendo con algunas actitudes", explicó uno de los asistentes del encuentro. Así, algunos mencionaron que las chances de concretar un acuerdo antes del 30 de julio son bajas. Sin embargo, el mercado le asigna apenas un 25% de probabilidad a una eventual cesación de pagos.
En el panel también coincidieron que ante un escenario positivo, es decir, de acuerdo negociado entre los fondos y el gobierno argentino, los títulos podrían subir un 15%. En tanto, los especialistas discreparon con respecto a las bajas que podrían sufrir los activos en caso de entrar en default. Por ejemplo, Stuart Culverhouse consideró que el precio de los Discount podría caer hasta los u$s 50 mientras que para Alejo Costa el techo estaría en torno a los u$s 60.
El derrumbe sería significativo ya que estos bonos denominados en dólares bajo ley Nueva York ayer cotizaban a u$s 94,76 luego de haber registrado una fuerte suba de 6,2%. Lo cierto es que es que las consecuencias de un escenario de default dependerán de la actitud que tome la Argentina, es decir si sale a confrontar sin solución en el corto plazo o si continúa con las negociaciones para llegar a enero, analizó un especialista que estuvo presente en el seminario.
Como era de esperarse, la clausula RUFO - que presenta un gran riesgo para el Gobierno si quisiera negociar - también fue objeto de discusión. Una de las preguntas realizadas al panel apuntaba a saber cómo la Argentina y NML podían evitar que se dispare la clausula. En este sentido, Timothy Nelson consideró que existen formas en que los abogados pueden armar una ingeniería para blindar la clausula, aunque no dió mayores precisiones al respecto. Incluso, hubieron quienes mencionaron que el Gobierno podría estar usando la clausula como una excusa política para llegar a un acuerdo.

