Las entidades grandes volvieron con un pedido histórico que reduciría sus costos, que las tesorerías de las sucursales sirvan para integrar los encajes (dinero depositado en el Central que no paga renta) y liberar el resto de los fondos para prestar y amortizar los costos de los camiones de caudales.

Los bancos chicos, que prestan a los consumidores de mayor riesgo, son los que más se han movido para buscar alternativas que reduzcan los costos. Entienden que si no logran armar su estructura de negocio, hoy inviable, unas 3 millones de personas quedarán excluidas del circuito de financiamiento para consumo.

El BCRA permitió que puedan fondearse con una porción de la línea de crédito para inversión productiva que queda a tasa libre. Unos $ 4.500 millones que los bancos grandes no estarían interesados en destinar a los bancos pequeños, sujetos no sólo a los vaivenes de la economía sino a los riesgos regulatorios, frente a sus clientes corporativos.

La entidad monetaria también recibió presentaciones de entidades que piden elevar el multiplicador (de 1,4 a 2) que deben aplicar sobre las tasas de las Lebac (26,83%) probando que ven afectada su ecuación económica, tal como preveía la Comunicación A 5590. Y pedidos para flexibilizar las exigencias de capital.

Todos los tipos de entidades también solicitaron una curva de tasas para todos los plazos, ya que la norma dejó sólo como referente la Lebac a 90 días para todos los plazos de préstamos, ya sea considerando todos los vencimientos de las letras o aplicando un índice de actualización a la de tres meses.

Mientras tanto, el crédito sigue cayendo por el riesgo al desempleo y la caída en el salario real en las entidades grandes y por la focalización en los clientes de menor riesgo entre las pequeñas. Según datos del BCRA, los prendarios no dejan de caer mensualmente desde abril y los personales crecen a una fracción de lo que lo hacían el año pasado.

Proveedores no financieros

Las mutuales, cooperativas, emisoras de tarjetas, cadenas de electrodomésticos, etc. también están tratando de adaptar su negocio. El 30 de septiembre vence la fecha de inscripción para el primer grupo de entidades en la SEFyC, con financiaciones otorgadas superiores a los $ 100 millones anuales.

Una lectura minuciosa de la Comunicación A 5593 no deja dudas de la obligación de inscribirse si no quieren perder todas las líneas bancarias y, por lo tanto, quedar obligadas a prestar considerando los nuevos topes de tasas.

La sección 3 de la norma indica que en caso de no cumplir con la inscripción se “restringirá su acceso al financiamiento de entidades financieras por un período de 12 meses corridos”, tanto para las emisoras de tarjetas como para los proveedores no financieros de crédito. Estos últimos tampoco podrán reinscribirse por el término de un año.

Aunque las entidades no entienden que se verán obligadas a prestar a la tasa tope por estar inscriptas, se duda que la CNV apruebe cualquier fideicomiso financiero que contenga créditos que no cumplan con esta regla.

Además, cunde la preocupación por los costos que demandará el quedar obligadas a informar mensualmente la clasificación de los deudores por los créditos otorgados y la mora registrada. Y sobre lo que hará después el BCRA con esa información.