Por Javier Blanco - Los bonos de la deuda argentina se revalorizaron ayer hasta 16% y la Bolsa porteña marcó un nuevo récord histórico, tras avanzar un 7% al cabo de la rueda de negocios más activa de los últimos años y ante un mercado eufórico por la gestión que llevaron adelante los bancos locales ante los fondos buitre, aunque, con el correr de las horas, quedaría claro que -por el momento- no había sido fructífera.

A las señales de distensión del clima financiero, que la realidad se encargaría de burlar pocas horas más tarde, hay que sumar el repliegue del 3,3% que mostró el dólar en el mercado paralelo (cayó de $ 12,80 a 12,38).

También el derrumbe del 20% en la tasa de riesgo país (retrocedió de 680 a 546 puntos para retornar a su menor nivel en 3 años) y hasta un súbito abaratamiento del 21% en los costos de un seguro contra default, pese a que se trata de contratos que quedaron mucho más cerca de poder ser ejecutados (posibilidad latente a 72 horas de que las calificadoras decreten el incumplimiento).

El desfase entre los tiempos y pronósticos del mercado y los hechos se produjo porque la rueda de negocios concluyó antes de que la agencia calificadora Standard & Poor's anunciara que el país había vuelto a caer en default al no poder cumplir con los pagos del servicio de renta del bono Discount que quedaron bloqueados por la sentencia del juez Griesa, al haber expirado los 30 días de gracia para evitarlo.

"La nota de la deuda soberana argentina pasó de CCC-, categoría especulativa, a SD ("Selective default" en inglés)", indicó la agencia en un comunicado, lo que significa que el país "incumplió en pagos de bonos específicos", aclaró.

Y porque, más allá de la gestión oficial, aún el mercado confiaba en los resultados que podría tener la negociación encarada por un grupo de bancos locales para comprarle al fondo NML los títulos en default con la condición de que éste le solicite al juez Griesa una restitución temporal de la cautelar, lo que permitiría destrabar esos pagos.

Abrupto cambio de clima

Pero lo que era un clima de fiesta comenzó a mutar progresivamente en otro de velorio. Primero, cuando el ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió en conferencia que no había sido posible un arreglo con los fondos buitre. Luego cuando, antes de que la larga exposición a que nos tiene ya acostumbrados el funcionario concluya, mediante un comunicado el negociador judicial, Daniel Pollack confirmó que la negociación había fracasado, lo que dejaba al país de cara a una cesación de pagos.

En esa nota, el mediador incluso calificó a este hecho de "inminente, real y doloroso porque perjudicará a la gente", incluyendo en esa categoría a "los ciudadanos argentinos, a los tenedores de bonos canjeados y a los inversores denominados holdouts".

Para entonces, la tendencia del mercado -en los negocios que se pactan después de hora- ya se había invertido y los títulos que horas antes habían volado comenzaban a hundirse. Así, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, que venían de trepar 9,5% en el día, comenzaban a caer.

Pero el golpe de gracia al mercado llegó cuando los inversores se vieron sacudidos por las versiones que daban por fracasadas también las negociaciones entre la banca local y el fondo NML. Ocurre que esa gestión, si bien no lograba evitar que el país recaiga en default, ayudaba a minimizar su impacto al asegurar las condiciones para que sea efímero. Esa condición, vale recordarlo, liberaría al país del riesgo de que los bonistas le aceleren los vencimientos, una posibilidad en ciernes desde hoy si se juntaran el 25% de los tenedores de cada serie para declararla en default y solicitar la cancelación total.

De allí el impacto que tuvo esa noticia a la que debe adjudicarse el derrumbe del 18% que anoche mostraban los papeles de Pampa Energía en Wall Street, lo que anticipa que las súbitas ganancias registradas ayer amenazan convertirse en graves pérdidas hoy.

Esa situación significará un verdadero déjà-vu para los inversores que, a mediados de junio, habían confiado en que la Corte de EE.UU. tomaría el caso argentino o, al menos, consultaría al procurador general de aquel país, lo que hubiera dejado al Gobierno más cerca de escapar de las obligaciones que le impone la denominada cláusula RUFO, por vencer a fin de año, al ganar tiempo..