Altas fuentes cercanas a la negociación aseguraron que hasta el viernes a la noche el acuerdo estaba prácticamente cerrado para que el JP Morgan, Citibank, Deutsche Bank y HSBC adquieran un cuarto de la deuda total que tienen los fondos buitre que ganaron el juicio contra la Argentina, cuyos principales exponentes son el NML Capital y Aurelius Capital. Aunque el monto del litigio ganado alcanza los u$s 1.600 millones, estos y otros fondos tienen títulos en default por unos u$s 5.000 millones, por lo que la negociación gira en torno a la compra de la deuda por u$s 1.250 millones más una prima que sería del 10%, indicaron las fuentes consultadas.

En el mercado también descuentan un acuerdo en el mediano o largo plazo, ya que los inversores no se están desprendiendo de los títulos Par y Discount. Luego de la suba de más de 8% de la semana pasada, cuando parecía que un acuerdo entre privados –con bancos argentinos– era inminente, cayeron pero no perforaron el piso del que habían partido.

En declaraciones radiales, el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, se refirió a un eventual acuerdo entre privados y se mostró a favor de “cualquier solución por parte de terceros que contribuya a una solución”, aunque remarcó que la propuesta no debe contar con “ningún tipo de participación” oficial para “no arriesgar que se dispare la cláusula RUFO”.

Mientras que avanzan estas negociaciones, el Gobierno intenta despegarse de este eventual acuerdo y avanza en su estrategia política y judicial para seguir demonizando a los fondos buitres, acusarlos de maniobras ilegales por usar información privilegiada e insistir en el desplazamiento del mediador impuesto por Griesa, Daniel Pollack (ver pág. 3).

Al mismo tiempo, el equipo económico que conduce Axel Kicillof intentará minimizar los efectos que el default está ocasionando sobre la economía real e insistirá en que no habrá impacto alguno en la vida cotidiana, como dijo ayer Álvarez Agis.

El pedido de investigación a los buitres será realizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que le pedirá esta semana a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos que indague acerca de la existencia de algún tipo de delito económico o financiero por uso de información privilegiada en el litigio con fondos buitre. El titular del organismo, Alejandro Vanoli, quien coordinó durante todo el fin de semana el documento que presentará ante la agencia del gobierno norteamericano, sospecha que agentes del mercado financiero y bursátil contaban con información de primera mano provenientes de los negociadores que representaron a los fondos buitre en la discusión con la Argentina por la deuda en default. Incluso, el fondo NML es uno de los miembros del consejo que decide si se dispara el cobro de los seguros anti default, como comenzó a ocurrir la semana pasada. También, curiosamente, el JP Morgan integra ese órgano.

En paralelo, la CNV avanza con la investigación abierta en el país sobre la operatoria de bonos, particularmente los reestructurados, para ver si había uso de información privilegiada o manipulación de mercado.

Por otro lado, trascendió que el Gobierno también prepara una demanda para impugnar el contrato con el Bank of New York (BoNY), con el argumento de que no cumplió con la efectivización del pago del servicio de interés de los bonos Discount a sus tenedores, luego de que el país depositara u$s 539 millones de dólares para cubrir el vencimiento.

Recurrir a la Corte Internacional de la Haya es otra de las estrategias que circula por los pasillos de la Casa Rosada, aunque el Gobierno primero buscará apoyo internacional en la ONU.