Por Rafael Mathus Ruiz - NUEVA YORK.- La historia judicial de la deuda en Estados Unidos ingresó en un nuevo terreno de litigiosidad en el que el agente de pago del país, el Bank of New York Mellon (BoNY), quedó en el centro de la escena, intimado por el Gobierno y bajo amenaza de demandas judiciales de bonistas reestructurados.

El Ministerio de Economía dijo que intimará a Citibank Argentina y al BoNY, que retiene los 539 millones de dólares que llevaron a la Argentina a un nuevo default. Esos fondos seguirían, por ahora, en el mismo lugar donde están desde hace más de un mes: en la cuenta de la entidad en el Banco Central.

Eric Schaffer, abogado del banco, que actúa como agente de pago de la Argentina, le envió una carta ayer al juez Thomas Griesa para respaldar una orden judicial propuesta por los demandantes para dejar los fondos donde están. Griesa les había ordenado que acordaran entre ellos qué hacer con esos fondos.

Esa propuesta generó un duro rechazo de bonistas europeos, que brindaron evidencias de estar dispuestos a librar una batalla legal contra el BoNY para hacerse de ese dinero, que la Argentina ya ha dicho que no le pertenece. "Es de los bonistas", dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof, tiempo atrás.

La propuesta de orden judicial de los demandantes, respaldada ayer por el BoNY, había sido entregada a Griesa el viernes último en otra carta de Edward A. Friedman, abogado de Aurelius Capital, en representación de los litigantes que lograron la histórica sentencia a su favor en la "saga pari passu".

El BoNY había quedado en una posición incómoda. El 26 de junio pasado el Gobierno decidió girar los fondos para afrontar el pago del vencimiento de bonos en dólares y en euros, desafiando la orden de Griesa, que prohíbe realizar pagos a bonistas a menos que se pague la sentencia a favor que tienen los fondos buitre.

"Su Señoría, nosotros somos los chicos buenos. Tenemos una pregunta, ¿qué hacemos?", había dicho Schaffer, en la audiencia que se realizó el último 22 de julio para decidir el futuro de los pagos de la deuda, que terminó por ser un encuentro para escuchar un monólogo de Griesa en el que advirtió sobre los riesgos del default que llegaría después, pese a las "continuas negociaciones" que ordenó el juez.

En esa audiencia, Griesa les dijo a Schaffer y a Friedman, que habló por los litigantes, que encontraran un acuerdo para decidir qué pasaba con el dinero, que involucrara el menor riesgo de litigio posible. En el BoNY temían que el juez ordenara devolver ese dinero a la Argentina, puesto que había dicho que el pago era "ilegal" al violar su mandato judicial. Esa movida hubiera expuesto al BoNY a un potencial juicio de los bonistas o de la Argentina. Por eso, la entidad quería mantener el dinero donde estaba.

La orden propuesta por los demandantes, respaldada por el BoNY, congela los 539 millones dólares en Buenos Aires (que, en rigor, se dividen en US$231 millones y cerca de 226 millones de euros) y prohíbe cualquier transferencia.

Eso no es todo. La orden exime de culpa al agente de pago, al afirmar que retener los fondos no será considerado una violación del mandato judicial de Griesa y que no incurriría en "ninguna responsabilidad" bajo el contrato o cualquier otra persona o entidad por cumplir con el mandato de Griesa.

Los bonistas europeos del grupo Euro Bondholders no tardaron en quejarse. En una carta presentada anteayer, un día antes de la misiva del BoNY, dijeron que querían alertar de "una disposición necesaria e ilegal" que invitaba a emitir "una manta de exculpación para inmunizar [al BoNY] de toda responsabilidad por reclamos que no se han planteado". Una orden así "violaría el debido proceso", advirtieron.

Además, sostiene que el BoNY "quedará expuesto a responsabilidades en tribunales extranjeros por reclamos surgidos de los bonos en euros".

Mantuvo el ISDA la situación de default

WASHINGTON (De nuestra corresponsal).- Después del golpe del viernes pasado, cuando declaró a la Argentina en default y activó el pago de contratos de seguro, la entidad neoyorquina que regula estas actividades (el ISDA, por sus siglas en inglés) desestimó que las expresiones del ministro Axel Kicillof constituyeran un agravamiento del diagnóstico, dejó las cosas como están y se apresta ahora a determinar cómo se hará ese pago. La entidad realizó ayer su segundo plenario en menos de una semana para evaluar el caso argentino. La decisión unánime fue que se trató de un default y que, por tanto, se activaba el mecanismo para el pago de más de 2500 contratos de seguro contra default por un monto superior a US$ 1000 millones. El dictamen fue una seria desmentida a la desafiante afirmación de Kicillof en el sentido de que lo ocurrido "no tiene nombre, pero claramente no se llama default". Ayer, las preguntas apuntaron a saber si lo dichos de Kicillof en el sentido de que será "imposible" pagar a los holdouts constituía un caso de "repudio" de deuda, según los reglamentos y normas de la entidad..