Sin la presencia de la oposición, que se retiró del recinto en rechazo a la presidencia del titular del Senado, Amado Boudou -procesado por cohecho en la causa Ciccone-, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ratificó que no se va a modificar la estructura del impuesto a las ganancias, pese a los reclamos del sindicalismo oficialista y opositor.

"No se modificará la estructura del impuesto a las ganancias. No consideramos que deba excluirse del pago a trabajadores y jubilados que tengan mayor percepción de ingresos", dijo el jefe de ministros.

El funcionario sostuvo que el Gobierno acepta que haya debates sobre el nivel del mínimo no imponible, pero advirtió que cualquier modificación en Ganancias podría alterar la coparticipación federal, el financiamiento de la seguridad social y la recaudación total del sistema tributario.

"Hemos estudiado con la Presidenta distintas iniciativas legislativas, pero son inconsistentes desde el punto de vista técnico. El principio rector es que el impuesto continuará", manifestó Capitanich.

En lo que fue su tercera presencia en la Cámara alta para presentar su informe, el jefe de Gabinete también se refirió al juicio que obliga a la Argentina a abonar a los fondos buitre. En ese sentido, cuestionó con dureza al juez norteamericano Thomas Griesa: "No entiende del proceso y, encima, designó a un mediador [por Daniel Pollack] que defiende a los fondos buitre".

Tras esos dichos, que se alinearon con las palabras que la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof, vienen realizando desde hace varios días, el funcionario volvió a manifestar que el país quiere negociar.

"La solución más conveniente del juez es otorgar un stay, porque la Argentina manifestó su vocación para crear condiciones de negociación", dijo Capitanich.

Durante su alocución, además, acusó a la Justicia de los Estados Unidos de incurrir en "mala praxis", al permitir que un grupo de fondos buitre "extorsione a la República".

El jefe de Gabinete también consideró "necesario proteger a los bonistas que entraron a los canjes", en 2005 y 2010, y que por tal motivo la administración de Cristina Kirchner analizaría "hacer una presentación ante la Corte de La Haya"..