Por Carlos Manzoni - Mientras los industriales definen cuál es la mejor estrategia para fijar posición sobre la sanción de la ley de abastecimiento, cada vez son más las entidades que se oponen a la iniciativa que desde el 5 de este mes está en el Congreso.

Ayer, el debate siguió con el punteo de posibilidades sobre las cartas por tomar en el proyecto que termina dando un gran poder al Gobierno sobre los negocios de las compañías. Por ahora parece primar la postura de los que quieren oponerse en el Congreso, a través de las comisiones, contra la otra que pretende ir por el lado de pedir la inconstitucionalidad de la ley.

José Urtubey, vicepresidente de la UIA y director de Celulosa, dijo que, a prima facie, el camino indicado es trabajar en las comisiones del Congreso. "Allí expondremos nuestras posiciones y nos reuniremos con los distintos jefes de bloque", afirmó en el Encuentro Internacional de Parques Industriales que se celebró ayer en Pilar, en el que también participó como orador el diputado Sergio Massa.

Los industriales, que se reunirán hoy con el secretario de Comercio, Augusto Costa, para plantearle sus objeciones, consideran que el proyecto es un avance sobre la iniciativa privada. "Sobre todo -opinó Urtubey-, porque le da al secretario de Comercio la potestad de manejar ciertas líneas de producción o fijar precios máximos a partir de poner límites a los márgenes de utilidad." Como murmuró un industrial, la ley no sería otra cosa que la "legalización de las prácticas que llevaba a cabo Guillermo Moreno".

Editorial. "Las empresas, amenazadas de muerte". De sancionarse los proyectos, la empresa privada recibirá el tiro de gracia.

Algunos prefieren plantear la inconstitucionalidad de la ley pero, como responden quienes están del lado de la otra postura, ya sería una acción tardía, porque sólo puede plantearse una vez que la sanción está firme.

Respecto de la ley de abastecimiento, de defensa de la competencia y de defensa del consumidor, Massa afirmó que hay algunos que todavía sueñan con que la Argentina puede ser Venezuela, entonces pretenden intervenir de punta a punta de la cadena en las actividades industriales. "Eso es no entender cómo funciona la actividad industrial o la actividad económica -disparó-. En primer lugar, la Argentina no es Venezuela, porque creer que se puede meter la cuchara en el funcionamiento de cada una de las empresas de la Argentina es no entender que el Estado debe ser facilitador." En su opinión, no es tiempo para obstaculizar la actividad privada y no tiene que ver con las funciones del Estado. "Es el momento de acercarse a las empresas, no de pelearse con ellas."

Entre los empresarios hay además otra prioridad: lograr explicar que nada tienen que ver los derechos del consumidor, consagrados en dos proyectos de ley que ya están en el Congreso y a los que no se oponen, con el proyecto que, según consideran, no es otra cosa que una velada intervención en las empresas.

El rechazo se hizo oír también en organizaciones empresarias. "Este proyecto constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad, y a ejercer toda industria lícita garantizados por nuestra Constitución, generando un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo", expresó la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) en un comunicado.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) hablaron de un proyecto que sólo profundizará la caída de la producción, la inversión y el empleo. "Rechazamos el proyecto de regulación de las relaciones de producción y consumo que el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso. Se trata de una medida inconstitucional que lleva a la intervención total de la economía", expresó en un comunicado, y agregó: "Este tipo de intentos confiscatorios son los que alejan a las inversiones. Especialmente en momentos en que la economía se retrae y día a día se pierden puestos de trabajo".

Otra de las entidades fue el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). "El articulado del referido proyecto evidencia un marcado espíritu intervencionista que, de convertirse en ley, afectará seriamente derechos cuyo ejercicio se encuentra amparado por nuestra Constitución Nacional, tales como el de la libre administración de las empresas por parte de sus dueños y la inviolabilidad de la propiedad privada", dijeron, y agregaron: "Medidas de esta índole no sólo resultan contrarias a derecho sino que en nada ayudan a generar un buen clima de negocios, condición básica necesaria para promover inversiones y más fuentes de trabajo en beneficio de la ciudadanía".

Las quejas de los empresarios

Jaime Campos

Presidente de AEA

"El proyecto constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas"

Miguel Blanco

Presidente de Idea

"Estas medidas en nada ayudan a generar un buen clima de negocios, condición básica para promover inversiones"

El debate arranca en una semana

El Senado recién comenzará a discutir en comisiones el martes próximo los proyectos sobre defensa del consumidor, eufemismo con el que el Poder Ejecutivo quiere avanzar con una modificación de la ley de abastecimiento y la creación de un "observatorio de precios" que le da superpoderes a la Secretaría de Comercio. De hecho, las iniciativas no tienen aún estado parlamentario, pero la oposición aceptaría comenzar a discutirlos la semana próxima. A cambio, le pedirán al jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), "una amplia convocatoria" a los sectores involucrados, según adelantó a la nacion el senador Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis)..