Referentes de la oposición manifestaron ayer su rechazo a la nueva ley de abastecimiento impulsada por el Gobierno. De forma casi unánime, legisladores de distintos espacios políticos cuestionaron el "ataque" a las empresas y la utilización de los derechos del consumidor. Desde el oficialismo defendieron el proyecto y criticaron a los empresarios.

El diputado y precandidato presidencial Sergio Massa sostuvo ayer que "atacando" a las empresas "no es como se va a defender el trabajo" y que "el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado, y no aumentar la presión y el intento de injerencia sobre la actividad económica".

"La ley de abastecimiento tiene, a nuestro entender, una serie de errores que pueden producir más daño, porque no es atacando a pequeñas, medianas y grandes empresas como se va a defender el trabajo en este momento", expresó el líder del Frente Renovador en declaraciones radiales.

En tanto, el diputado Federico Pinedo (Pro) calificó como "un delirio" el proyecto y alertó que, si se sanciona, provocará "mayor inflación, más recesión y desempleo". En un comunicado, Pinedo agregó que "la iniciativa es contraria al artículo 42 de la Constitución nacional, que establece la prohibición de toda forma de distorsión de los mercados".

También la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, Patricia De Ferrari (UCR), manifestó una "enorme preocupación" y dijo que "es cada vez más evidente que el kirchnerismo en retirada es puro autoritarismo, pues no se sonrojan ni les tiembla el pulso para que sea la misma Presidenta la que impulsa una nueva ley de abastecimiento, eso sí, con un título más amistoso". La diputa Patricia Bullrich (Pro) coincidió al indicar que "se está tratando una nueva ley de abastecimiento encubierta bajo los derechos del consumidor".

El diputado por Unión Celeste y Blanco Francisco de Narváez anticipó que votará "en contra" de los proyectos del oficialismo que modifiquen la normativa de regulación a las empresas, ya que este tipo de leyes generan "mayor incertidumbre".

Por otra parte, el precandidato presidencial Ernesto Sanz (UCR) señaló que "hoy el Gobierno, con sus medidas económicas y su ineficacia para solucionar problemas, impide que la industria nacional crezca. Esto impide que se generen empleos de calidad".

"Parece ser que el Gobierno tiene, como ideal, que no haya empresas y que todo sea del Estado", agregó el senador en una visita a las instalaciones del laboratorio Roemmers.

Otro que expresó su rechazo fue el diputado del FA-UNEN Hermes Binner. "Creemos todavía en la mano invisible del mercado porque es la que en definitiva sigue la historia, sigue desde hace décadas y sigue siempre presente", afirmó el ex gobernador de Santa Fe.

Como contrapartida, el Gobierno salió al cruce ayer de las críticas de los distintos sectores.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que "no se pretende sustituir a la empresa ni a la iniciativa privada", sino "hacer funcionar adecuadamente la defensa de la competencia para evitar la concentración económica".

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Capitanich acusó a "los grupos monopólicos concentrados", que "a través de sus voceros y organizaciones calificadas, AEA, UIA o Copal, expresan esos intereses".

En la misma línea, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, consideró que "los buenos empresarios no tienen de qué preocuparse" porque "no es una legislación contra los empresarios, sino «pro consumidor»". El funcionario describió que sacaron del proyecto "los artículos que los empresarios cuestionaban porque establecían sanciones penales", pero dijo que "parece que les preocupa más que les toquen el bolsillo que una sanción penal"..