Por: Carlos Burgueño - Argentina rompió ayer todos los puentes existentes (muy pocos en realidad) al decidir el cambio de jurisdicción para el pago de la deuda fuera de Wall Street, lo que le abre ahora la alternativa de la declaración de "desacato" al país por parte de Thomas Poole Griesa. El propio juez le había advertido a la Argentina oficialmente en dos oportunidades concretas (en octubre de 2012 luego de su fallo de primera instancia y el 20 de junio pasado después del rechazo del anuncio del Gobierno del cambio de jurisdicción), que esta decisión estaba "prohibida" para el país y que de activarse tendría "consecuencias legales serias". Griesa se refería puntualmente a que declararía la ilegalidad de la medida y que decretaría que la Argentina ingresaría en un desacato a su orden de pagar la deuda de jurisdicción en Nueva York a través del Bank of New York Mellon (BoNY), para poder ser así objetos de eventuales embargos para cumplir la cláusula pari passu que él mismo había dictado. Como además estos fallos de Griesa fueron ratificados en agosto de 2013 por la Cámara de Apelaciones de Nueva York y en junio de este año por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos; la decisión de Griesa de declarar a la Argentina en situación de ilegalidad, o desacato, por haber cambiado la jurisdicción del pago de los bonos no podrá ser apelada y quedará firme sólo con la decisión del juez neoyorquino.

La definición exacta de la Justicia de los Estados Unidos de la figura de desacato, según la jurisprudencia citada por todos los magistrados de ese país, es la de cometer un "delito calumniando, injuriando, insultando o amenazando a una autoridad o un funcionario público en el ejercicio de sus funciones". En este caso, la calumnia o injuria es ante el juez Griesa, por desobedecer explícitamente la Argentina un fallo primario (pagar en Wall Street a través del BoNY) y una orden y prohibición (no cambiar la jurisdicción); con lo que el país ingresaría para la Justicia norteamericana en una doble desobediencia.

Griesa advirtió la situación por escrito el 20 de junio, varios días antes de que Cristina de Kirchner anunciara en Rosario que aceptaba ingresar en una rueda de negociaciones y congelaba la decisión anunciada dos días antes por el ministro de Economía Axel Kicillof de pagar en Buenos Aires la deuda que vencía el 30 de junio. Según declaró el juez ese día, "prohibió al Gobierno "cambiar la jurisdicción e imponer la legislación nacional" para el pago de la deuda reestructurada; ya que esa decisión implicaría "una violación de las reglas y procedimientos". Mencionó finalmente, en un escrito de sólo dos párrafos, que una operación de este tipo estaría "violando" sus fallos a favor de los fondos buitre.

Cuatro días después comenzaron las negociaciones formales con el "special master" Daniel Pollack, conversaciones que durarían algo menos de un mes y que derivarían en un nuevo, y ahora parece definitivo, portazo desde la Argentina de parte del ministro Axel Kicillof el 30 de julio pasado. Ahora, nuevamente y después de la decisión del Gobierno anunciada anoche, el turno de mover las piezas es de Griesa. Sería en pocas horas.

La consecuencia inevitable del anuncio de ayer será que por varios años la Argentina permanecerá en una situación de ilegalidad ante la Justicia de los Estados Unidos. Griesa declarará en desacato al país y tendrá manos libres para aplicar la cláusula Discovery (avalada además por la Corte de EE.UU.) por la cual se pueden perseguir por todo el territorio norteamericano cuentas donde haya dinero del país para potenciales embargos. Por mucho tiempo además, la posibilidad para que la nación, las provincias y los municipios, y los privados, deberán olvidarse de colocar un sólo papel para tomar deuda en Wall Street.