Dentro de la Casa Rosada, algunos aseguraron que en un principio buscó presionar a los empresarios para que aceptaran la sanción de una nueva ley de abastecimiento y que, al hacerlo, abrió tantos frentes que hasta peligraba el consenso parlamentario en los propios bloques del oficialismo y debió recular.

Luego de ese retroceso, la mandataria anunció por la noche el envío al Congreso un proyecto de ley para un nuevo canje de la deuda global en default, con cambio de jurisdicción a Buenos Aires. El cambio de estrategia de la Presidenta pudo obedecer a la necesidad conseguir votos en el Parlamento y descomprimir las tensiones con bonistas y empresas.

El encargado de aclarar la "confusión" por la mañana fue el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, que a través de varias radios atribuyó "la confusión" a la oposición, los empresarios y los medios de comunicación.

Señaló que la denuncia de la AFIP, que dirige Ricardo Echegaray, radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas, apuntó a una supuesta "quiebra fraudulenta" de Donnelley. Sin embargo, la Presidenta había anunciado el jueves último de manera explícita y contundente la aplicación de la ley antiterrorista.

Vanoli explicó que la denuncia invocó el artículo 309 del Código Penal, que fue incorporado en 2011 por la ley 26.733, de Delitos Económicos, y penaliza prácticas fraudulentas.

Esta ley había sido sancionada junto con la ley de financiamiento del terrorismo, la 26.734, la llamada "antiterrorista", que también reformó el Código Penal e introdujo los artículos 303 al 308, que tipifican sí delitos y penas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Desde el artículo 303 hasta el 313 están comprendidos en el Título XIII del Código Penal, que estipula los Delitos contra el Orden Económico y Financiero. "Fue un error semántico", dijo un alto funcionario a LA NACION. Otra alta fuente oficial aseguró a este diario que "la Presidenta fue mal asesorada" para su discurso.

"Esto (el 309) no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo", dijo Vanoli.

La Presidenta, con todas las letras, había afirmado: "Estamos haciendo uso por primera vez de la ley que se llamó «ley antiterrorista»? Bueno, ya pensaban que esto era contra la protesta social, contra los sindicatos, contra los trabajadores. No".

Y agregó: "El primer caso que vamos a tener de aplicación de ley antiterrorista, es por el artículo 309 del Código Penal, incorporado por la ley 26.733 (que no es la ley antiterrorista). Es decir, confundió aquí dos leyes que reformaron el Código.

"Hemos formulado denuncia penal ante la Justicia Federal, porque se trata de un delito federal, alteración al orden económico y financiero, artículo 309, inciso 1º, apartado a), del Código Penal de la Nación", señaló la Presidenta. Esta afirmación, en cambio, fue correcta.

Según confiaron a LA NACION algunas fuentes, la presentación de la Presidenta fue algo más que un error. "Presionó a los empresarios con la ley antiterrorista para ablandarlos y aceptaran la reforma de la ley de abastecimiento", dijeron dentro de la Casa Rosada.

"Pero los empresarios no cedieron y en cambio se le complicó el panorama en el Congreso con los diputados y senadores del Frente para la Victoria, que no quieren votar la ley de abastecimiento ni la de hidrocarburos", agregó otro funcionario.

Con esta aclaración de Vanoli, la Presidenta buscó descomprimir la tensión en los bloques oficialistas para asegurarse votos para hidrocarburos y abastecimiento, criticada incluso por el jefe del bloque, Miguel Pichetto, y para el nuevo canje de deuda global, que busca unificar la tropa con épica patriótica..