Sucede que el juez ya declaró que lanzar un cambio de la deuda implica una violación de la sentencia previa, de 2013, cuando prohibió el “reruteo” de los pagos, tras el primer intento del gobierno de hacer algo similar en junio pasado.

Y si bien Argentina lanzó un tipo de canje en el cual los inversores tienen que presentarse voluntariamente para cambiar sus tenencias por bonos bajo legislación local o ser pagados por el Banco Nación en vez del Bank of New York Mellon (Bony), necesitará la cooperación de los intermediarios que hoy no quieren desacatar la corte neoyorquina para corroborar la indentidad de los bonistas. O hacerlo por fuera del ámbito de la corte.

"“La oferta no es una reestructuración patrocinada por Argentina del tipo de 2005 y 2010, sino unilateral, para que bonistas se presenten para pagar aquí o remover agente de pago por un fiduciario nuevo en Argentina. Pero, para mí, es insoluble porque hay dificultades insoslayables para que esto se pueda hacer"”, advirtió Marco Schnabl, abogado del estudio Skadden.

"“Es poco claro cómo se presentan los bonistas en los grandes bancos de inversión para pedir los bonos y presentarse en Argentina. Podrá hacerlo un bonista en forma puntual, y el banco los tiene que dar porque es un cliente. Pero si se arma una presentación masiva, es poco probable que esos bancos certifiquen que es para que se paguen en Argentina. Los holdouts podrían presentarse ante el tribunal para advertirle que el país está en desacato y evitar la fuga de pagos a los bolsillos de los reestructurados”", explicó Skadden.

Es lo que hicieron ayer, al mencionar que lo que hizo el país fue una “"grave afrenta”" a la corte.

Antes de las presentaciones de los buitres, los mismos intermediarios podrían evitar cooperar con el canje: Bony, Depositary Trust Company (DTC) y CD&Co, en EE.UU. Y Euroclear y Clearstream, en Europa.

En los canjes de 2005 y 2010, Argentina contrató a bancos de inversión y agentes de información para rastrear a los bonistas con títulos en default. En la versión de 2014, los tenedores se tienen que presentar y esas instituciones deberán constatar la identidad y sus tenencias, explicó Eugenio Bruno, abogado del estudio Garrido: “"Se verían obstaculizadas por ayudar en territorio judicial de Griesa”".

Para acreditar la cadena de tenencias -el agente bursátil del bonista, el banco de inversión, el DTC (o caja de valores de EE.UU.) y el CD&Co (quien recibe el dinero del Bony en la cuenta en el DTC, quien lo distribuye entre los participantes)-habrá que pedirle certificados a instituciones que no quieren actuar en contra de la Corte.

También Clearstream y Euroclear, que jurídicamente no están obligados por la corte de Griesa, pero pidieron permiso al juez para estar fuera de orden. Las entidades no quieren arriesgar su negocio en EE.UU..

"“La medida es, obviamente, una violación de las órdenes de los tribunales (¿así que supongo que eso sería doble desacato?). Y no exactamente en línea con el contrato (con el Bony), que requiere que cualquier fiduciario de reemplazo sea una institución financiera de Nueva York”", dijo Anna Gelpern, profesora de Leyes de Georgetown, en el portal Credit Slips.

Por el contrato, también un bonista que haya sido un tenedor por más de seis meses puede remover al Bony solicitándolo ante cualquier juez competente, incluso uno argentino, indicó Marcelo Etchevarne, abogado del Cabanellas. O por mayoría.

Algo que podría enfrentarlos con Griesa.