Por MARÍA ELENA CANDIA - La propuesta de un canje local que habilitaría a los inversores cobrar su deuda bajo legislación extranjera en Buenos Aires -que además les permite optar por el cambio de jurisdicción -no ofrece en lo inmediato, según especialistas consultados, grandes incentivos para que acepten esta alternativa de pago.
Si bien los bonistas no están alcanzados por las órdenes del juez Griesa, por lo que actualmente no cuentan con impedimentos para cobrar en el país, aunque el panorama legal podría cambiar para éstos más adelante.
En concreto, el universo de inversores extranjeros está representado en su mayor parte por fondos de inversión regulados y los distressed funds, que no lo están. De acuerdo a Daniel Chodos, estratega del banco Credit Suisse, los primeros no podrán aceptar el canje local. Estos fondos, que suelen invertir en mercados emergentes, tienen como referencia los índices, como por ejemplo el EMBI (en inglés, Emerging Markets Bonds Index), que es el principal indicador del riesgo país y está calculado por JP Morgan.
Así, los bonos de los países emergentes deben cumplir varias condiciones para estar incluidos en este índice. “Una de ellas es que la legislación de los bonos tiene que ser extranjera y de un país del G7. Si la Argentina lograra canjear bonos de ley extranjera a ley local los activos van a salir del índice, por lo que estos fondos tendrían que vender sus activos”, explicó Chodos.
Para los fondos distressed, que son los que tienen mayor participación en deuda argentina y no están regulados, la legislacion extranjera les da la opción para litigar, una cuestión no menor a la hora de decidir someterse a la ley argentina. “No está claro si estos fondos van a querer renunciar a este beneficio aceptando un swap a ley local”, agregó Chodos.
En la misma sintonía, para Alejo Czerwonko, estratega de inversiones en mercados emergentes de UBS, si los inversores aceptan el canje local podrían obtener el pago de sus cupones, aunque estarían aceptando bonos con jurisdicción argentina, bajo riesgos que muchos de ellos asocian a la legislación local, que los podría afectar negativamente.
“La decisión va a depender de las percepciones de cada inversor respecto a los riesgos vinculados a la legislación Argentina”, dijo Czerwonko, para quien será difícil implementar el canje: “Somos escépticos de que pueda llevarse a cabo con el apoyo de instituciones financieras que tengan vínculos en Estados Unidos. Estas instituciones van a pensar dos veces en ayudar a la Argentina a evitar un fallo que está firme en una corte estadounidense, dadas las fuertes consecuencias legales que podrian enfrentar”.
Según Alejo Costa, jefe de estrategia de Puente, los riesgos que marcarán la participación de estos fondos en el canje dependerá de cómo esté instrumentado el proyecto, aunque en caso de aceptar cobrar en Buenos Aires, los distressed estarán sujetos a una legislación inferior. De hecho, los bonos Discount con ley extranjera denominados en dólares reflejan un precio de u$s 80 mientras que los mismos bonos con legislación local valen u$s 74 y además pagan cupón.
“La perspectiva de los distressed es que la situación de los bonos con legislación extranjera se va a resolver después de 2015; no parecen tener un apuro importante para cobrar esos bonos”, agregó Costa.
Según especialistas legales, los inversores no están, por ahora, alcanzados por los fallos emitidos por el juez Griesa. En ellos sí están incuidas las entidades financieras que distribuyen los pagos, como el Bank of New York Mellon (BoNY) a quien el Gobierno pretende designar en su lugar a Nación Fideicomisos.
“La Corte de Apelaciones ha dicho hasta ahora, que los bonistas mismos no están alcanzados por los fallos. Aunque, claramente, después de ayer [por anteayer] los holdouts pedirán al juez más sanciones. Qué implicancias y qué medida puede tomar el juez hasta ahora no ha llegado a los bonistas”, explicó Antonia Stolpler, socia del estudio Shearman & Sterling, con sede en Nueva York.