Ayer por la mañana, en una extensa conferencia de prensa, Kicillof aclaró que el proyecto de ley no propone un canje compulsivo de bonos que implique un cambio de jurisdicción ni de lugar de cobro obligado. Eso provocaría nuevos reclamos judiciales. “"El Poder Ejecutivo presenta una propuesta de canal de pago que nosotros consideramos que está a salvo de obstrucciones”", dijo, al referirse a la designación de Nación Fideicomisos como agente fiduciario en reemplazo del Bank of New York (BONY). “"Pero los propios bonistas pueden convocar a una asamblea y proponer otro canal de pago distinto”", aclaró.

A su lado, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, ratificó la opción Buenos Aires. Lo cierto es que la única forma en que el Estado puede garantizar a los bonistas que recibirán su dinero es si éstos aceptan cobrar en Buenos Aires o en cualquier lugar del mundo inmune a los fondos buitre, como el Reino Unido, Luxemburgo, Francia o Alemania.

El proyecto de ley propone cortar el contrato con el BONY como fiduciario y cambiarlo por Nación Fideicomisos, plantea a los bonistas un canje voluntario por títulos de legislación argentina y deja abierto el canje de deuda para el 7,6% que no ingresó en las ediciones 2005 y 2010. Esto ocurrirá a partir del 30 de septiembre, cuando vencen u$s 190 millones. Los u$s 539 millones retenidos en el BONY quedarán allí, porque Argentina considera que “"ya pagó"”.

Según expertos y representantes de fondos de inversión consultados, la principal duda recae sobre el rol que jugará la cámara compensadora DTC de Estados Unidos. Es un protagonista fundamental en el proceso de pago de la deuda. El dinero que, hasta hoy, Argentina deposita en cuentas del Bank of New York, sigue su curso a la cuenta de DTC, que es quien lo distribuye entre los acreedores. Pero DTC está alcanzada por los fallos del juez de distrito Thomas Griesa y cualquier colaboración con Argentina podría ocasionarle problemas legales.

Otro inconveniente radica en los fondos que, por sus estatutos, sólo pueden invertir en activos de legislación estadounidense. Éstos no podrían pedir el canje voluntario de sus títulos ni cobrar en otro lugar que no sea Estados Unidos. “"Es el único problema serio"”, afirmó el economista Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central, quien apoyó la iniciativa oficial: “"Sacaron la pelota de un lugar con cemento fresco y ahora vuelve a picar"”, graficó.

Los fondos que no quieran cambiar de jurisdicción podrán pedir la aceleración de los bonos y exigir el cobro anticipado de toda la deuda. Lo admitió el propio Kicillof, aunque dijo que esa acción la podrían llevar a cabo fondos buitre que compraran la deuda reestructurada para acelerarla. "“Probablemente ahora puedan llegar a pedir la aceleración, no lo sé. Habían dicho lo mismo por el 30 de junio y eso no ocurrió"”, afirmó el ministro.

Javier Alvaredo, economista de la consultora ACM, definió el proyecto oficial como “"una secuencia de microcanjes"”, porque cada acreedor deberá dar su consentimiento para que la operación sea exitosa. "“Es muy difícil que se genere mucha adhesión al comienzo. Generalmente, el grueso de los acreedores entra al final, ve qué hace el resto"”. En este caso, el proyecto de ley no contempa una fecha de cierre que genere el "“efecto puerta 12"”.

Desde un importante fondo de inversión que acompañó al Gobierno como amicus curiae coincidieron con esa visión. Consideraron que llevar adelante esta operatoria requerirá “"mucho tiempo"”, porque el Gobierno necesitará reunir “"masa crítica"” para demostrar niveles de aceptación exitosos que, a su vez, sirvan para incentivar a otros bonistas.

La buena noticia para el Ejecutivo es que otro importante fondo de inversión manifestó estar “de acuerdo con la solución global” que propuso el Ejecutivo. Un grupo importante de inversores planteaban que la salida a el embrollo judicial con la justicia de Estados Unidos y los fondos buitre era renegociar toda la deuda externa. Fue, palabras más o menos, la solución que propuso el estudio de abogados de Argentina, Cleary Gottlieb, en un memo reservado que se filtró a la prensa. Estos fondos interpretan que el proyecto de ley va en ese sentido.

También respaldó el cambio de jurisdicción el abogado de bonistas italianos con deuda reestructurada, Tulio Zembo. "Es una decisión correcta"”, afirmó.

En paralelo, NML Capital, el fondo de Paul Singer, pidió ayer al juez Griesa que declare a Argentina en desacato. "“Este plan hace que Argentina no tenga ninguna pretención de honrar sus obligaciones con los bonistas demandantes”", argmentó en un escrito el abogado del fondo, Robert Cohen.