Por Rafael Mathus Ruiz - NUEVA YORK.- Antes, a la hora de anticipar cuándo se resolvería la saga de la deuda argentina, Wall Street miraba con cierta expectativa a enero próximo. Ahora, la vista se estiró más allá de diciembre de 2015.

Una oración de un informe de un banco de inversión, distribuido en las primeras horas de ayer, luego del anuncio de la presidenta Cristina Kirchner con el plan para pagar los bonos de la deuda en Buenos Aires, lo resume: "Creemos que la decisión del Gobierno de llevar a cabo el canje, que las autoridades han contemplado desde el año pasado, reduce en gran medida las posibilidades de negociación con los holdouts [...] En lugar de ello, parece cada vez más probable que el próximo gobierno que asumirá en diciembre 2015 se enfrentará a una nueva reestructuración desordenada de la deuda externa".

Otro reporte conocido ayer, de otro banco mayorista, ensayó el mismo panorama: "Percibimos un aumento del riesgo de que el actual gobierno deje el tema de los holdouts para que lo resuelva la administración siguiente".

Michael Roche, estratega de mercados emergentes de Seaport Group, que ha seguido de cerca la saga de la deuda y ha apostado por los bonos argentinas, ofreció a la nacion la misma lectura: "Debo admitir que si tuviera bonos impagos con legislación de Nueva York estaría preocupado, porque los voy a tener por un rato. El próximo gobierno parece realmente ser la única chance", expresó.

De a poco, Wall Street parece asumir la idea de que el gobierno de Cristina Kirchner no ofrecerá más de lo que ya ha ofrecido a los fondos buitre, aun luego de que expire la cláusula RUFO (que obliga a pagarles a los bonistas que entraron al canje cualquier mejora que se les otorgue a los que no lo hicieron).

Ésta es la razón principal que ha esgrimido la Casa Rosada para eludir un pago directo a NML y Aurelius, y el resto de los demandantes, para ponerle fin a la larga batalla judicial que llevó al país al llamado "default selectivo".

Nadie aquí ofreció su bendición al proyecto de ley que anunció anteayer la Presidenta, con el objetivo de cambiar el mecanismo de pago de los bonos de los canjes de 2005 y 2010, y ofrecer, a la vez, nuevos bonos con legislación local a los bonistas que estuvieran dispuestos a tomarlos.

Nada llevaba a pensar ayer, tampoco, que esa iniciativa tuviera eco entre los inversores.

Aunque la medida ya era conocida -se había filtrado en un memo del estudio de abogados que defiende al país en Estados Unidos, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton en mayo pasado; el ministro de Economía, Axel Kicillof, había deslizado la misma intención en exposiciones anteriores, y el juez Thomas Griesa ya la había declarado ilegal con una orden judicial-, hubo quienes reaccionaron con perplejidad al anuncio oficial, de boca de la propia Presidenta.

La nueva estrategia fue recibida aquí como una movida inviable por un puñado de motivos, que, además, terminó por congelar la expectativa de poder alcanzar un acuerdo con los holdouts a principios del año próximo.

Trabas legales

"Todo el mundo está tratando de entender lo que ha hecho la señora", confesaba a la nacion Antonia Stolper, socia del estudio Shearman & Sterling y una de las abogadas que han seguido más de cerca el caso argentino.

Stolper puso en duda que el Gobierno pueda cambiar el mecanismo de pago, pues sólo los bonistas pueden hacerlo voluntariamente, señaló.

Y los bonistas, agregó Stolper, son beneficiarios de bonos que están en poder de instituciones financieras sujetas al mandato judicial de Griesa, que le prohibió al país pagarles a ellos a menos que cancele al mismo tiempo la sentencia a su favor que tienen los demandantes.

"No es que la persona puede venir con su bono y hacer el canje", apuntó la abogada, con cierta ironía.

Los bonistas que aceptaran la invitación del Gobierno, además, deberían aceptar también los controles de capitales y cambiarios que estableció el país.

Los informes difundidos ayer enumeraron otros varios obstáculos: la Argentina corre el riesgo de caer en desacato; muchos inversores institucionales no pueden resignar la jurisdicción de Nueva York y aceptar pagos en la Argentina; los intermediarios financieros e inversores podrían arriesgarse ellos a ser declarados en desacato si aceptan la oferta argentina, y los bonos podrían ser quitados de los principales índices de bonos de mercados emergentes, algo que limitaría aun más su atractivo para los inversores.

"Eso llevaría a una desinversión en deuda argentina", sintetizó Roche.

Anna Gelpern, una de las abogadas que mejor conocen la puja judicial por la deuda argentina, escribió ayer una columna sobre la propuesta argentina -mal llamada canje, aclara- con un título letal: "¿Escalando hacia ningún lado?"

"Si alguna vez hubo una estrategia en Estados Unidos, ya no existe. Ni ahora ni en enero", apuntó. "Un gran enredo acaba de enredarse más", concluyó.

Dura crítica del fondo Aurelius al plan oficial

• El fondo Aurelius Capital, que junto con NML encabezó la demanda contra la Argentina por la deuda en default, emitió ayer un duro comunicado en respuesta al plan oficial de cambiar la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados.
• "Los líderes de la Argentina han literalmente elegido ser bandidos. Ellos han crónicamente desobedecido fallos de las cortes de Estados Unidos, mentido a nuestras cortes, y proclamaron un completo desdén por nuestras cortes", dice el comunicado que el fondo emitió después de que la presidenta Cristina Kirchner informara sobre el plan de pagar en Buenos Aires a través de Nación Fideicomisos a los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera.
• Aurelius, liderado por Mark Brodsky, y NML, de Paul Singer, obtuvieron un fallo favorable de la justicia de Estados Unidos para cobrar US$ 1330 millones (hoy ronda los 1600 millones) por deuda impaga de la Argentina.