En una nueva audiencia entre las partes, convocada ayer mismo, el magistrado reiteró que la intención de Argentina de pagar en Buenos Aires los bonos del canje violaría su fallo y prohibió a cualquier entidad ayudar al país a llevarla a cabo. Eso incluye a los bancos estadounidenses, como el Bank of New York, y la cámara compensadora DTC, que tiene la información sobre los acreedores del país. Existen dudas sobre si las órdenes alcanzarían a fondos de inversión con sede en Nueva York que quieran acogerse al canje de deuda y sobre qué harán bancos y entidades con sedes fuera de Estados Unidos. Esto pondría todavía más restricciones a la operatoria que quiere realizar el Gobierno.
"Esta propuesta es una violación a las órdenes vigentes de esta Corte y del Segundo Circuito (de Nueva York). Es ilegal y la Corte ordena que no se lleve a cabo", dijo Griesa, y lo repitió para remarcarlo.
La audiencia se fijó ayer mismo para las 16, luego del pedido del fondo NML Capital, de Paul Singer, que entendió que la decisión del Gobierno de presentar un proyecto de ley para desterrar al BONY como agente fiduciario, proponer un canje de bonos por otros de ley local voluntario y depositar el dinero en Buenos Aires atenta contra las órdenes del magistrado.
Griesa mantiene bloqueados los pagos de la deuda depositados el 27 de junio porque el país no cumplió con su sentencia a favor de los fondos buitre por u$s 1.600 millones.
El juez ya había declarado ilegal cualquier intento de cambio de jurisdicción. Argentina votó una ley el año pasado, que no prosperó, y había insistido con el tema luego de que la Corte Suprema no aceptara revisar el caso, en junio. Esa declaración fue apelada por Argentina y la Corte de Apelaciones dio tiempo hasta el 20 de noviembre a las partes para presentar documentación al respecto.
Pero, a pesar del pedido de los holdouts, evitó declarar al país en desacato, a pesar de que había advertido con hacerlo en una audiencia del 8 de agosto. "Lo que es de suma necesidad es tener una resolución", dijo el juez. "No añade nada a las balanzas del acuerdo el declararlos en dasacato", prosiguió. "Vamos a analizar esa posibilidad más tarde, podremos discutirlo en septiembre (...). Vamos a lidiar con esto cuando tengamos que lidiar", insistió Griesa, a la espera de que el proyecto se convierta en ley. Expertos coinciden en que la declaración de desacato tendría nulos efectos prácticos.
El abogado que representa a NML, Robert Cohen, había pedido la audiencia el miércoles, un día después de que la presidenta Cristina Fernández anunciara por cadena nacional el envío al Congreso del proyecto de ley. Dijo que las autoridades del país tomaron "acciones descaradamente desafiantes".
El letrado de Argentina, Carmine Boccuzzi, de Cleary Gottlieb, se manifestó sorprendido por la decisión del Ejecutivo y dijo que no fue consultado. En un memo reservado que se filtró, el estudio de abogados había recomendado realizar un nuevo canje con el 100% de los acreedores. Pero la prohibición de Griesa para colaborar con Argentina también alcanzó al buffet.

