Uruguay sancionó la Ley de Inclusión Financiera, que regirá desde el 1 de mayo del año próximo, que limita a los u$s 5.000 los pagos en efectivo. Las cancelaciones de compras de inmuebles, vehículos y alquileres deberá hacerse mediante instrumentos bancarios.

El propósito del Gobierno es transparentar las operaciones financieras, que incluye a la actividad inmobiliaria, para mejorar el perfil inversor del país para los capitales extranjeros.

Las escrituras -especifica la norma- deberán registrar los detalles de cómo se concreta la operación, incluyendo los números de cuenta, sus titulares y el banco, en caso de que la operación de pago o cobro se realice en un banco fuera de Uruguay

También se deberá realizar de forma electrónica el pago de honorarios profesionales y de gastos, como a los administradores de consorcios para el pago de expensas o gastos comunes, cuando superen el límite admitido para el uso de efectivo.