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Las entidades de salud reclamaban, en rigor, que se les permitiera incrementar sus precios 9% y a partir de septiembre. Por eso, en las últimas horas de ayer se apuraba la convocatoria a una reunión de cámaras empresariales, tanto de prepagas como de prestadores (clínicas y centros de diagnóstico), que se haría antes de que finalice la semana y en la que se analizarían posibles medidas de protesta. ¿La razón? Las entidades insisten en que los mayores ingresos que obtendrán no alcanzarán para compensar los mayores costos que tienen, producto de la inflación y del acuerdo salarial para los empleados de la sanidad.

El de octubre será el tercer incremento en lo que va de 2014. El primero, autorizado en febrero, fue de 5,5% y fue reclamado para compensar los efectos que tuvo la devaluación de enero; buena parte de los insumos para la prestación de salud dependen del dólar y, según un informe de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), en el primer trimestre la suba interanual de los insumos médicos fue de 42,3%, y la de insumos no médicos, de 26,4 por ciento.

El segundo aumento se aplicó en julio y allí ya se tuvo en cuenta la incidencia del acuerdo salarial firmado con el sindicato de la sanidad, que fijó una mejora en tres etapas: 18% en julio, 10% en octubre y 3% en febrero de 2015. Como en gran parte de los gremios, este año la recomposición salarial quedará lejos de un empate con la inflación, que ronda el 40% anual.

Las prepagas son dueñas de varias clínicas y centros de atención, y en esos casos el convenio las afecta de forma directa. Los prestadores independientes, por su parte, reclaman a las prepagas que suban el monto de los aranceles para así acompañar los costos, pero las empresas siempre responden que, para eso, necesitan elevar las cuotas de sus afiliados.

El sistema privado de salud atiende a unos 6 millones de beneficiarios, pero gran parte de ellos está en planes financiados por la derivación de aportes y contribuciones salariales. Por eso, según estimó un directivo del sector, los contratos que se verán impactados por la nueva suba de cuotas tienen a alrededor de 1,5 millones de beneficiarios (afiliados titulares más grupos familiares).

Desde hace varios años, cada vez que hay paritarias las prepagas reclaman poder subir sus cuotas en igual porcentaje y en los mismos meses que la suba salarial acordada. En sus presentaciones ante las autoridades, sostienen que existe una relación de 1 a 1 entre lo que aumentan los salarios y lo que, finalmente, sube el costo total de dar prestaciones médicas. Sin embargo, desde el Gobierno siempre las autorizaciones fueron por porcentajes menores.

Para este año, en las prepagas aseguran que se les habían prometido tres incrementos de 9% (sin contar el de principios de año). Por eso, tras haber aplicado ese porcentaje en julio, esperaban el aval de una resolución para hacer lo mismo en septiembre. Sin embargo, tal como informó LA NACION en su edición del 12 de este mes, hace dos semanas se supo que la autorización sería por un 7,5% y desde octubre. Entonces, las cámaras que agrupan a entidades de la actividad se reunieron para evaluar posibles medidas de fuerza, pero decidieron insistir en sus reclamos y esperar alguna respuesta.

Tras conocer la decisión final de que no se modificará aquella postura, el presidente de Adecra, Jorge Cherro, dijo a LA NACION que se convocará para que antes de que termine esta semana haya una nueva reunión entre las cámaras y asociaciones. Prácticamente se descarta ya que pueda haber una medida como un lockout patronal, con suspensión de la atención programada. En cambio, se señala que sí podría existir la iniciativa, por parte de algunos prestadores, de aplicar copagos, es decir, cobros de montos adicionales al paciente al momento de ser atendido..