Por Gustavo Ybarra - El Senado se aprestaba a votar anoche el proyecto de ley de "pago soberano de la deuda" con el cual la administración de Cristina Kirchner pretende sortear el bloqueo que el juez de Nueva York Thomas Griesa impuso al pago a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 hasta tanto el país cumpla sus obligaciones con los holdouts.

Al cierre de esta edición, el kirchnerismo contaba con los votos necesarios para aprobar la iniciativa y girarla a la Cámara de Diputados, a pesar del cerrado rechazo de todo el arco opositor.

La intención del oficialismo es sancionar la ley la semana próxima para que el Poder Ejecutivo pueda disponer de la norma antes de fin de mes, cuando vencen US$ 200 millones en concepto de intereses.

El proyecto dispone el pago a los bonistas en Buenos Aires y designa como agente fiduciario a Nación Fideicomiso.

A pesar de que hace una semana el ministro de Economía, Axel Kicillof, rechazó todas las recomendaciones realizadas por los legisladores de la oposición, el Poder Ejecutivo introdujo en las últimas horas significativos cambios al texto.

Así, se amplió a Francia la jurisdicción para el pago de los bonos, en coincidencia con el proyecto del Frente Renovador; y se introdujo la creación de una comisión bicameral parlamentaria para investigar la legitimidad de la deuda, propuesta impulsada por la UCR y el peronismo disidente.

Sin embargo, las modificaciones no alcanzaron para seducir a ningún sector de la oposición, que cuestionó la estrategia que utilizó el Gobierno en la causa judicial ante los estrados neoyorquinos y relacionó el proyecto con un intento del Poder Ejecutivo por distraer la atención del cada vez más evidente deterioro de los indicadores económicos domésticos.

"En un contexto no reconocido de inflación, de aumento de la pobreza y la marginación, de caída de la producción y del empleo, el Gobierno viene a tratar de responsabilizar al Congreso del mal manejo de la causa Griesa y a pedirnos soluciones mágicas para salir de este brete en el que nos han metido", denunció la radical Laura Montero (Mendoza).

El oficialismo se apegó a la línea argumentativa de la Casa Rosada, haciendo hincapié en que el fallo de Griesa apunta a perjudicar a la Argentina y a favorecer la voracidad de los denominados fondos buitre.

"Le quieren meter la mano en el bolsillo al país y sacarle todo lo que se le pueda sacar, porque le quieren hacer un daño inconmensurable a la Argentina", afirmó Aníbal Fernández (Buenos Aires), miembro informante del oficialismo, en el inicio del debate. Según Fernández, el fallo de Griesa "destruiría la reestructuración de la deuda", ya que dispararía erogaciones que calculó entre 350.000 y 450.000 millones de dólares.

Para el ex jefe de Gabinete, el proyecto "no implica un cambio de jurisdicción ni de contrato, y mucho menos de lugar de pago. La ley le da al Gobierno autoridad para desplazar al Bank of New York y reemplazarlo por Nación Fideicomiso; simplemente se está cambiando de agente fiduciario", explicó.

"Ésta es una herramienta que exhibe la vocación de cumplimiento que ha tenido nuestro país de llevar adelante una estrategia de desendeudamiento desde el 25 de mayo de 2003", cerró Fernández para negar que el país haya entrado en default.

Fernando Solanas rechazó esa visión. Por el contrario, aventuró que "la amenaza de un default en la práctica ya es una realidad, porque Argentina no tiene los recursos para enfrentar los pagos el año que viene".

En línea con la radical Montero, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) adjudicó la urgencia del Gobierno a la mala gestión judicial de la causa iniciada por los holdouts. "Acá lo que se está haciendo es un intento de salvación después de una mala praxis generalizada", sentenció.

El Frente Amplio Progresista sumó su rechazo a través de Jaime Linares (Buenos Aires), quien alertó que la estrategia del Poder Ejecutivo "va a afectar a los próximos gobiernos".

En el cierre del debate, el radical Ernesto Sanz (Mendoza) aseguró que el proyecto no es necesario, ya que el Gobierno cuenta con las facultades para realizar un cambio de agente fiduciario, al recordar que el Bank of New York fue elegido por decreto del Ejecutivo. "El Gobierno está encerrado en seguir transitando un rumbo que excede el tema de los holdouts y que está equivocado", concluyó el presidente de la UCR..