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| Ley de Abastecimiento se votó con nuevos cambios |
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05/09 - 09:20 Ambito Financiero |
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El kirchnerismo no tuvo problemas ayer a la madrugada (alrededor de las 4.30) para aprobar el paquete de proyectos para modificar la Ley de Abastecimiento de Defensa del Consumidor y crear un fuero especial en la materia. El trámite más engorroso a esa hora, cuando el Senado venía de más de 15 horas de sesión tras haber aprobado el cambio de domicilio para el pago a bonistas, fueron las explicaciones que dio el oficialismo de una larga lista de modificaciones de último momento que los funcionarios de Axel Kicillof redactaron en el Ministerio de Economía y luego bajaron al Senado, donde el oficialismo no las recibió con el mejor humor.
El debate más aspero fue, sin duda, el que tocó a la ley que regula las relaciones de producción y consumo con modificaciones a la Ley de Abastecimiento. Éste era el punto más resistido por la oposición y que generó el repudio y los comunicados de empresarios que amenazan con ir a la Justicia para pedir la declaración de inconstitucionalidad.
Está claro que, lejos de estar garantizada su utilidad, esta ley, cuando termine su trámite en Diputados, está llamada a generar un largo paseo de los abogados del Estado por tribunales.
Entre las modificaciones que se introdujeron en el recinto están las conocidas y otras que Economía hizo llegar a último momento.
Además de excluir a las pymes del alcance de la ley, como ya se había anunciado, se eliminó la posibilidad de clausurar definitivamente una empresa y se fijó que "en caso de la obligación de producir a pérdida, se le pague una compensación justa y oportuna".
En cuanto a la creación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo se fijó que intervendrá en los reclamos "de derechos individuales" de consumidores cuyo monto "no exceda" al de 55 salarios mínimos.
La iniciativa también crea la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo, Para esto, se establece la creación de ocho juzgados de primera instancia y una Cámara Federal y Nacional de Apelaciones.
La puntana Liliana Negre de Alonso fue una de las mas críticas de ese paquete al afirmar: "Se le dan facultades judiciales a un órgano administrativo", en referencia a la Secretaría de Comercio.
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