Detalles. Fragmentos. Pormenores. Paulatinas modificaciones e inquietantes matices instalados al margen, casi con descuido, pero con raíz artificial, para que resulten imperceptibles aunque su impacto no lo sea. Todo conforma un acertijo vacío de respuestas; por lo menos, de aquellas que llevarían a un terreno de certidumbre a familias y empresas pero que el Gobierno no puede ofrecer.

Si para Borges las líneas de su mano reflejaban –con horror– la imagen de su propia cara, para Kicillof, las cientos de quirúrgicas intervenciones normativas que acontecen a diario desde los distintos atriles montados en ministerios y secretarías, evidencian –con jactancia– la catadura reconocible de una economía que parece huérfana de padre y madre pero donde el Estado reclama su papel adoptivo.

Una escueta señal que persiste es la pelea del “soviético” con Juan Carlos Fábrega, el titular del BCRA. Es más: en Economía aseguraban la última semana que hay que seguir de cerca lo que “va a pasar” en la arena de combate que es la política de tasas de interés. El plan del Gobierno para que los argentinos dejen de ahorrar y se larguen a consumir en 12 cuotas con tarjeta puede desorientar. No es allí donde van a ocurrir las pulseadas.

En los pasillos de Economía aseguran que se estudia una nueva imposición a los bancos: se les pedirá que bajen aún más las tasas de los plazos fijos para fomentar el consumo. Curioso, si se piensa que de esa forma la inflación se verá alimentada más allá de los guarismos actuales y que el demonizado dólar blue podría ser, otra vez, el destinatario de esos ahorros. Pero a Kicillof lo desvela el amplio spread que existe entre las tasas que el Banco Central le paga a los bancos por sus bonos (28,5% anual) y las tasas que las propias entidades les pagan a los inversores (19% anual). Quiere llevarlo todo hacia abajo. El dato es éste: a Fábrega se le acaba el tiempo. El incremento de 27,5% a 28,5% de la tasa de interés ejecutado por el mendocino podría transformarse pronto en una reliquia.

Es más: en los últimos días, el malhumor de Kicillof con Fábrega quedó en evidencia al minimizar la negociación que el presidente de la entidad monetaria intentó cerrar con China para aliviar las arcas del país con un swap de u$s 11.000 millones: “No tiene nada de espectacular”, dijo Kicillof.

El titular del Palacio de Hacienda suma poder. En cadena nacional, Cristina lo llama “Áxel” y ni lerdo ni perezoso él garabatea en los márgenes del powerpoint los nombres de su equipo para cuando sea el momento: a la salida del jefe de Gabinete Jorge Capitanich –quien volvería a su Chaco para emparchar la gestión de su vice Juan Carlos Bacileff Ivanoff–, si el ‘soviético‘ se transformara en jefe de Gabinete, un posible reemplazante sería su vice, Emmanuel Alvarez Agis, quien curiosamente ha comenzado a aparecer en los actos de Casa de Gobierno . El secretario de Comercio, Augusto Costa, podría ir al Banco Central en lugar de Fábrega.

De todas formas la mecánica con la que trabaja el Gobierno por estas horas es otra: se enarbolan, aquí y allá, trabas burocráticas, recargos, modificaciones de plazos, actualizaciones inentendibles, restricciones improvisadas, vociferaciones telefónicas y prohibiciones non sanctas para frenar la salida de dólares, son de la partida.

Hay varios ejemplos. A la tormenta perfecta entre la caída del precio, la presión impositiva, las inundaciones, el atraso cambiario y la amenaza de la ley de Abastecimiento para presionar con la venta de las 27 millones de toneladas, el agro responde con llamativas dosis de inacción. “El productor reacciona como sólo sabe hacerlo: reteniendo su mercadería”, señala Gustavo Grobocopatel, el zar de la soja. Sólo cuando mejoren los ingresos potenciales, volverán las ventas.

Por eso el Gobierno sigue avanzando con sus controles sobre el sector: no sólo le pide información sobre sus granos cosechados, superficies sembradas y volumen; también exige a productores que informen las existencias sin vender, su ubicación y en caso de estar guardada en bolsones, en el campo del productor, la posición georreferencial de los mismos. A ello ahora se ha sumado el número de factura de la silobolsa adquirida, siendo estos requisitos indispensables.

¿Hasta dónde seguirá avanzando el Gobierno? Hace unas horas tanto la AFIP como el Banco Central notificaron a los operadores de comercio exterior que se deberá declarar obligatoriamente en las DJAI los datos referidos a flete y seguro y que se achica el margen de ‘perdón’ en los cálculos. En el Gobierno señalan que 12.000 millones los dólares se ‘pierden’ por sobrefacturaciones. Es que, durante años, la principal preocupación de los funcionarios del fisco a la hora de controlar importaciones fueron las maniobras de subfacturación: al subvaluar un bien que se quiere importar, el empresario paga menos en concepto de arancel externo y evade una parte de la carga de otros tributos, como IVA e Ingresos Brutos. Ahora en cambio el sistema es el opuesto: motivados por la brecha cambiaria, se ven ‘tentados‘ de traer productos de afuera pero declarando precios más elevados ya que buscan obtener más dólares al tipo de cambio oficial.