Según pudo saber LA NACION, durante el fin de semana pasado se realizó en la ciudad australiana de Cairns la reunión de ministros de Finanzas y directores de bancos centrales del G-20. Allí se emitió un documento en el que se plantea que se podrán discutir temas de deuda soberana en la cumbre de presidentes que se hará en noviembre, pero se acordó que las propuestas concretas para fijar nuevos marcos regulatorios deberán ser analizadas en el FMI.

En uno de los párrafos más relevantes del documento que surgió de esa cumbre de ministros en Cairns se detalló: "Esperamos que haya discusiones en torno a la propuesta de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales sobre los medios posibles para reforzar las cláusulas de acción colectiva en los bonos soberanos. Pero dado que el litigio plantea desafíos a la resolución predecible y ordenada de los procesos de reestructuración de la deuda soberana, esta propuesta y otros temas relacionados se discutirán en el FMI".

De esta manera, quedó desterrada toda posibilidad para que la Argentina instale en la cumbre del G-20 un debate mundial para establecer y llevar adelante en ese espacio una nueva regulación relacionada con las negociaciones de deuda soberana como ya lo hizo en la ONU.

Además, la postura acordada por los ministros de finanzas y directores de bancos centrales de los países que integran la cumbre fue avalada por Australia, que es el país anfitrión. Varios diplomáticos extranjeros y locales consultados por LA NACION coincidieron en explicar que quien define en última instancia los lineamientos centrales del debate en una cumbre es el país anfitrión. Para esto hay que tener en cuenta un detalle que no es menor: Australia, junto con otros 10 países, votó en la ONU en contra de la propuesta argentina de impulsar en las Naciones Unidas una convención destinada a dar con un nuevo marco regulatorio internacional para las nuevas negociaciones de deuda.

En el FMI

Además de Australia, entre los que se opusieron a esta iniciativa estaban Canadá, República Checa, Irlanda, Israel, Japón, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Finlandia y Hungría. Estos países coinciden en que ni la ONU ni el G-20 son ámbitos para discutir un nuevo marco regulatorio como el que plantea la Argentina junto con el apoyo de 124 países, como lo dejó en claro en la última votación en la ONU. Creen que debe ser en el ámbito del FMI, que esos países controlan, donde se deben desarrollar estos debates.

Sin embargo, entre estos 11 países hay posturas intermedias. Por ejemplo, el embajador de Japón en Buenos Aires, Masashi Mizukami, expresó a LA NACION que su país respetará la resolución aprobada en la ONU.

"Personalmente, tengo confianza en que nuestro gobierno participará en el proceso de debate que se deriva de esa resolución de manera constructiva y a fin de mejorar nuestro sistema financiero internacional, al que Japón asigna significativa importancia", dijo Mizukami.

Claro que lo que se pueda debatir en la ONU no es lo mismo que se pueda decidir en el G-20. De hecho, el secretario brasileño de Asuntos Internacionales de la cumbre de ministros de Finanzas del grupo, Carlos Márcio Conzendey, había planteado el viernes que "Brasil y Francia presentaron un corto documento que dice, básicamente, que tenemos problemas sistémicos y debemos tratarlos, ya que el G-20 aborda todos los problemas que afectan a la economía global, y ése es un problema que puede tener un efecto importante en la economía global", explicó Conzendey.

Sin embargo, dos días después de esas declaraciones, el núcleo duro de los ministros de finanzas del G-20 emitió el documento en el que dejó en claro que durante la reunión de presidentes que se hará en noviembre en Australia podrán debatirse públicamente los temas de deuda soberana, pero no habrá resolución alguna que de allí surja para instrumentar nuevos mecanismos legales.