Facsímil de la citación del juez Griesa al país por pedido de los fondos buitre. El texto completo de la misma está disponible para los lectores en www.ambito.com

El juez Thomas Griesa convocó ayer a una segunda audiencia para el lunes a petición de los fondos buitre en la que se estudiará un posible desacato de la Argentina en el litigio que mantienen por la deuda y que podría desembocar en una multa diaria de 50.000 dólares. Inicialmente había establecida que la misma se hiciera mañana a las 14, hora de Nueva York, pero era una hora antes de la audiencia que había fijado para tratar la petición de Citibank de hacer efectivo el pago de bonos emitidos en dólares bajo legislación argentina. A los pocos minutos se corrigió.

Esta nueva audiencia fue convocada después de que los abogados de los fondos buitre que tienen bonos de la deuda argentina en default desde 2001 y no se acogieron a la reestructuración presentaran un memorando en el que alegan que el país ha incurrido en desacato al tribunal. En la citación emitida ayer, el magistrado establece que la Argentina tiene que presentar la documentación necesaria para defenderse de las acusaciones por no respetar la cláusula "pari passu" de la orden redactada por Griesa el 23 de febrero de 2012. En dicha cláusula quedaba explicado que ningún pago a bonistas de deuda reestructurada podría realizarse antes de que los demandantes hubieran cobrado los 1.500 millones de dólares que la Argentina les debe por fallo judicial.

La Argentina realizó una transferencia el 26 de julio que desobedecía las órdenes del juez, pero no incurrió en desacato al no hacerse efectivo por orden de Griesa, que bloqueó los capitales que posteriormente causarían el cese de pagos selectivo del país.

El magistrado amenazó al país con declararlo en desacato una segunda vez si no frenaba las "declaraciones tergiversadas" en actos públicos sobre las decisiones del tribunal. En esta tercera ocasión, el magistrado pide a la Argentina "ceñirse completamente a las órdenes y cesar y desistir sus esfuerzos por evadir o violar las mismas". La multa a la que se enfrenta Argentina es de 50.000 dólares por día y futuras sanciones no económicas si no corrige el desacato en el plazo de diez días. Claramente la multa no sería demasiado inconveniente para el Gobierno dado que representarían 18.250.000 dólares por año, un monto que es equivalente a lo que el Gobierno paga a los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton de honorarios anuales. No extrañaría que el Gobierno incluso no los pague, y que además recurra a instancias superiores por esa medida. Ya por declaraciones de los funcionarios, desde el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, al propio Axel Kicillof, minimizaron la posibilidad de que haya una sanción por desacato a un país.

Todo indica que las sanciones solicitadas por los fondos buitre se encuadrarán en ámbito civil y que no ingresará juez Griesa en sanciones penales por el incumplimiento de sus fallos. A decir verdad, la Argentina viene incumpliendo las sentencias del juez Griesa desde que se pusieron en práctica. Quizás en paralelo, Griesa emita órdenes de bloquear canje de deuda lanzado por el Gobierno para pagar vencimientos en Buenos Aires o en Francia.