Por Javier Blanco - Obsesionado por la repercusión que tiene la sostenida escalada del dólar y su impacto sobre las expectativas y la conducta de los agentes económicos, el Gobierno comenzó a trabajar en una reforma del régimen penal cambiario, con la idea de agilizar el combate contra el floreciente mercado negro de divisas.

El objetivo básico es cambiar la tipificación del tipo de transacciones para hacerlas más "terrenales" y, por lo mismo, fáciles de reprimir.

Esto significa rebajarlo a delito correccional para que las fuerzas públicas puedan actuar in situ ante la evidencia de operaciones cambiarias que no se cursen por los canales legales, sin necesidad de aguardar la autorización previa de los organismos públicos que actualmente son los encargados de ordenar los procedimientos.

La iniciativa fue confirmada por el jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, recientemente citado (junto al coordinador del área, Omar Orsi) a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, por excluir al empresario Lázaro Báez de una investigación penal por lavado de dinero. Gonella se negó a brindar precisiones por el pacto sellado con sus colegas para no difundir detalles de la reforma hasta que el proyecto de ley no sea presentado ante ellos.

Ese acuerdo surgió tras un inédito plenario desarrollado a fines de agosto que juntó a fiscales y jueces del fuero en lo penal económico para analizar por qué fracasó la mayor parte de los procedimientos realizados en los últimos tiempos contra los denominados "cueveros". En ese encuentro, Gonella calificó la actual ley como "vetusta", básicamente porque pone en cabeza de la investigación del comercio ilegal de divisas al Banco Central (BCRA) y le concede discrecionalidad.

El jefe del área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac, Pedro Biscay, detalló ese día que del allanamiento de unos 30 domicilios que derivó de las 19 investigaciones realizadas por el ente a su cargo, 11 fueron realizados en distintos puntos del microcentro porteño. Sin embargo, allí las sumas incautadas resultaron menores que las recogidas en oficinas clandestinas del interior del país o el conurbano.

Los fiscales tienen firmes sospechas de "connivencia" entre los grandes operadores de este negocio y los funcionarios que deberían combatirlos. Y sus miradas apuntan a personal del BCRA y a miembros de la Policía Federal. "En muchos casos, llegamos al local, la oficina o el departamento en que tenemos detectado movimiento extraño y nos encontramos con policías avocados a su custodia", relatan.

La ley penal cambiaria (19.359) data de fines de 1971 y pone en cabeza del BCRA las actuaciones y los pedidos de órdenes de allanamiento. Tradicionalmente, es la Policía Federal (también a cargo de la custodia del traslado de valores y de los tesoros) la encargada de acompañar a los funcionarios. La reforma buscará desplazarlos para cortar la presunta cadena de comunicación que, habitualmente, pone en alerta a los "cueveros" ante la inminencia de procedimientos y los ayuda a eludirlos, según el diagnóstico avalado en aquel debate intrajudicial. Durante esa reunión, los fiscales insistieron en el vínculo entre las infracciones cambiarias y delitos económicos, como el lavado de activos y la intermediación financiera no autorizada.

Los jueces, por su parte, avalaron la necesidad de readaptar los mecanismos de control y combate de las operaciones cambiarias ilícitas, pero destacaron la necesidad de poner el foco en quienes verdaderamente manejan el negocio y sus conexiones de impunidad, que a menudo, sospechan, se enmarañan hasta los más profundo del aparato estatal.

La denuncia que el polémico juez federal Norberto Oyarbide realizó tras el fallido operativo del pasado 19 de diciembre en una cueva financiera dio una muestra al respecto. El magistrado admitió que detuvo el allanamiento apenas recibió una llamada telefónica "directamente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación", a cargo de Carlos Zannini, de parte de Carlos Liuzzi, números dos de esa dependencia.

A su vez, del lado de los penalizados, la lista es escasa pese a que hay unos 80.000 sumarios en curso. Incluso hay algunos detalles curiosos entre los resueltos. Como el de una jubilada de 70 años a quien le cayeron por comprar US$ 200 en una heladería de Floresta a fin del verano de 2002. Dos años después de que la policía la detuvo por esa infracción, la Justicia la condenó por "violar la ley penal cambiaria" con una multa. Pero en el fallo recriminó a la policía y al BCRA por perseguir sólo a los pequeños infractores, en vez de concentrarse en los grandes negociados. El fallo fue del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, en cuyo despacho se celebró el cónclave que aquí se describe..