Los ataques a la administración de Barack Obama se profundizaron en los últimos días y llegaron a su punto más alto anoche.

Fue cuando desde la Casa Rosada, Cristina Kirchner sugirió: "Si me pasa algo, que nadie mire hacia Oriente. Miren hacia el Norte".

No fue la única novedad del mensaje presidencial. Como nunca hasta ahora, Cristina fue enfática al denunciar que "algunos sectores concentrados de la economía quieren voltear al Gobierno", al tiempo que lanzó acusaciones contra entidades financieras locales que estarían alentando operatorias con bonos y acciones para obtener dólares a través del llamado "contado con liquidación", una herramienta legal que la jefa del Estado tildó de "ilegal". Del mismo modo, denunció que ciertos empresarios "están presionando sobre el tipo de cambio para que haya devaluación y así licuar los aumentos salariales".

Fue demasiada dosis de relato para una noche. Semejante andanada de denuncias obliga a preguntarse qué quedará para la próxima vez. ¿Acaso más denuncias con nombres y apellidos? Nadie puede saberlo, pero es cierto que, con las cuestionadas leyes antiterrorista y de abastecimiento en sus manos, los funcionarios esperan contar con una batería de herramientas intimidatorias.

La Presidenta insistió anoche en las teorías del complot y hasta sugirió, por primera vez, que en "el Norte" alguien podría estar planeando que le pase algo. Queda claro que no pretende diferenciarse en casi nada de líderes como Hugo Chávez o Fidel Castro, que pasaron toda su vida denunciando planes para terminar con sus vidas por parte del "imperialismo yanqui".

Tal vez la jefa del Estado, al denunciar intentos de golpes de mercado por parte de "sectores económicos concentrados" de su propio país, no haya reparado en que el problema es, en realidad, mucho más grave. Porque la Constitución ofrece suficientes garantías ante cualquier acto de fuerza contra el orden institucional. Un tan trasnochado como incomprobable intento de golpe de Estado no debería preocupar seriamente al Gobierno. Sí debería inquietarlo que la corrida hacia el dólar obedezca, por un lado, a la convicción de demasiada gente de que, ante la creciente inflación, hay que huir del peso y, por otro lado, a la ansiedad de no pocos empresarios por hacerse de dólares para afrontar compromisos por importaciones, frente a la imposibilidad de obtenerlos en el insólitamente llamado "mercado libre y único de cambios".

El argumento que se esgrime para responsabilizar a EE.UU. es que la declaración de la Argentina en desacato es violatoria de los principios del derecho internacional público, cuando el hecho de que un juez neoyorquino, aceptado por el propio Estado argentino, intervenga en la cuestión con los holdouts ofrece la pauta de que se trata de un caso de derecho privado.

Las contradicciones no terminan allí. Como para confundir a todos, anoche, Cristina Kirchner, tras recordar sus acuerdos con Repsol y con el Club de París, reiteró: "Estamos dispuestos a negociar. Lo que no sabemos es traicionar". Habrá que ver si esa leve expresión de voluntad negociadora y los costos de la intransigencia pueden más que el riesgo de convertir en dogmas viejas consignas de barricada propias de los años 70..