Varios funcionarios del Ministerio de Industria, que conduce Débora Giorgi, que resuelven el pago de los subsidios millonarios por la fabricación de bienes de capital son ellos mismos dueños de un grupo de empresas a los que están destinados esos fondos. 

Según una investigación publicada por el diario La Nación, entre los beficiarios de los bonos que el Estado ofrece desde 2001 para saldar desventajas por aranceles de importación con reintegros del 14% en las ventas (que bajan al 12,5% cuando se les descuenta el IVA), hay asesores y agentes vinculados a la cartera que conduce Giorgi y profesores o autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esa operatoria supone una incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.

Según describe La Nación, para obtener esos bonos, se debe iniciar un expediente en la Secretaría de Industria y cumplir con requisitos específicos. Después de seis meses y auditorías a través de convenios con universidades, si no hay imprevistos las compañías reciben los bonos.

En Industria negaron que haya funcionarios al frente de empresas que cobren subsidios de esa cartera, asegura el matutino que ante la consulta sobre varios casos, detalla que “sólo admiten como empleados a dos de ellos, dedicados a tareas menores”.

El principal sector para el pago de subsidios es la Subsecretaría de Coordinación, que conduce el contador Marcos Ricardo Coy, en la que hay varios asesores o colaboradores sin cargo específico. Según La Nación, algunos de estos gestores son, a su vez, profesores de la UBA, que aporta el conocimiento para las auditorías que definen la entrega de esos bonos. Y esos gestores integran, al mismo tiempo, directorios de empresas que reciben los subsidios.