Por: Carlos Burgueño - El Ministerio de Economía inició con cierta convicción una etapa de conversaciones, acercamiento y debate de problemas con los principales empresarios privados. La idea es cambiar el clima negativo que hasta la semana pasada reinaba en la relación entre el Gobierno y las principales compañías del país, a las que se le reclama ahora de buena forma lo fundamental para reactivar el mercado interno: que inviertan. Alguien dentro del Ejecutivo determinó que luego de la salida de Juan Carlos Fábrega, la situación se había puesto lo suficientemente tensa como para "desensillar" y volver al diálogo. Esto no implica que los planes que antes de la salida del extitular del Banco Central se hayan adormecido. Éstos continúan, pero en otro tono.

Dentro de estas embestidas agiornadas pero no suspendidas, hay una que desde hace 20 días la cartera que maneja Axel Kicillof venía preparando y que desde estas horas comenzó a aplicarse: unas 50 grandes empresas con alto nivel importador están comenzando a recibir cartas enviadas desde el ministerio, donde se les señala que hasta que no den ciertas informaciones extra sobre el destino de las liquidaciones de importaciones ya concretadas, no habrá nuevos desembolsos de dólares. Se aclara que la obligación está transmitida también a la conducción del Banco Central de Alejandro Vanoli y que los datos requerido tendrán que enviarse en menos de 20 días desde la recepción de la carta.

En total están en fiscalización importaciones durante 2014 por unos u$s 8.000 millones, donde están involucradas compras al exterior de terminales automotrices, empresas de alimentos, hipermercados, productores agropecuarios, electrodomésticos, audio y video, textiles, muebles y plásticos. La sospecha oficial es que gran parte de esas operaciones fueron sobrefacturadas o, en algunos casos, directamente no se realizaron. La mira de Economía nació a partir de la falta de envíos de datos por parte de las compañías (según el nuevo régimen de envío de datos al que están sometidas las principales empresas del país desde marzo pasado), y la recepción de información de otras dependencias del Estado nacional como la Administración Federal de Ingresos Publicos (AFIP) a través de la Aduana.

En Economía se les informa a los privados que hasta que no se aclaren los rubros investigados, y se demuestre que efectivamente el bien o servicio ingresó o fue ejecutado, esas empresas no recibirán la aprobación del Gobierno para acceder a los tan demandados dólares para liquidar importaciones. Éstos en muchos casos están dentro de las promesas oficiales de fondos por 150 millones por rubro, según lo que funcionarios del equipo de Axel Kicillof estuvieron prometiendo en las reuniones con los empresarios que se mantuvieron durante esta semana.

Desde los privados la visión es diferente. Se asegura que la mayoría de las sospechas del Gobierno no tienen mayor sentido, y que los datos requeridos fueron enviados en tiempo y forma sin mayores problemas. Se asegura que los reclamos de sobrefacturación de importaciones vienen siendo reiterados desde enero pasado, y que en la mayoría de los casos siempre la aclaración llegó oportunamente antes de cualquier tipo de sospecha oficial. Por lo bajo aseguran que en realidad se trata, más allá de alguna operación puntual de algún privado determinado, de una maniobra oficial para demorar la liquidación de dólares para pagar importaciones relacionado, a su vez, con la demora de los sojeros para vender parte de su producción al exterior. Afirman los industriales que la verdadera razón de la desaceleración en el giro de dólares desde el Central para enfrentar importaciones productivas, se debe a la falta de acuerdo con los exportadores de cereales. Éstos, tal como informó ayer este diario, ofrecen unos u$s 4.500 millones mientras que el Gobierno espera no menos de u$s 6.000 millones fruto de las retenciones a las exportaciones que deben llegar antes de fin de año para fortalecer las reservas y permitirle al Gobierno cerrar 2014 sin mayores sobresaltos cambiarios. Por esto los privados no protestarán y enviarán los datos al Gobierno. Los industriales también miran de reojo que las negociaciones con los exportadores de soja se cierren lo más rápido posible, para que la acusación por los u$s 8.000 millones se desvanezca.