El porcentaje total implica que unos 7,2 millones de trabajadores de las áreas urbanas del país trabajan sin acceso a los derechos de la seguridad social. El informe titulado "Transición a la formalidad en América latina y el Caribe"fue difundido ayer en esta ciudad, en la segunda jornada de la 18» Reunión Regional Americana del organismo, que integran funcionarios de gobiernos, sindicatos y empresas.

La tasa de informalidad de la Argentina coincide con el índice promedio de América latina y el Caribe, y si bien es elevada, tuvo un descenso desde 2009, cuando era del 49,2%. En el período, sin embargo, no se registró un alivio en la tasa de informalidad del empleo juvenil.

Según la OIT (que basa sus estudios en los relevamientos oficiales), Costa Rica es el país con el índice más bajo, con el 30,7%, y el problema reviste la mayor gravedad en Guatemala, con una tasa del 73,6%. La problemática del trabajo fuera de la ley es un tema protagónico en este encuentro, al que asisten 19 ministros de Trabajo -entre ellos, Carlos Tomada- y más de 500 funcionarios y dirigentes de 33 países.

La informalidad está estimada para el universo total de asalariados e independientes. Respecto del primer grupo, en el caso de la Argentina, el Indec difundió días atrás que la falta de aportes afecta al 33,1 por ciento de los trabajadores. El organismo de estadísticas no difunde, en sus informes periódicos, cuántos cuentapropistas no hacen contribuciones a la seguridad social, pero esos datos están en la encuesta permanente de hogares (EPH) y les permiten a los especialistas calcular la tasa de irregularidad en ese grupo de trabajadores.

Es un índice que sí difunde, por ejemplo, el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA): con base en un relevamiento propio, esa institución educativa informó que en 2013 un tercio de los asalariados y siete de cada diez cuentapropistas no tenían aportes; así, el índice general de informalidad resultó de 49%, un nivel algo superior -pero no muy diferente- al informado ahora por la OIT.

En el promedio de la región, un 33,7% de los dependientes está en vínculos irregulares, mientras que el 82,3% de los cuentapropistas trabaja sin protección social. Así lo indicó, en una charla con periodistas, el especialista en el tema de la oficina regional de la OIT, Juan Chacaltana.

Este problema, que desafía a adoptar estrategias desde varios ángulos, es más grave entre los pobres y entre quienes tuvieron una menor formación educativa. En la Argentina, entre las personas ocupadas que sólo accedieron, como máximo, a la escuela primaria, la informalidad es de 64,8%, mientras que la tasa es algo inferior a un tercio entre quienes lograron llegar a una educación de nivel superior. Otro segmento de alta vulnerabilidad es la microempresa (1 a 10 empleados), en la que en la Argentina hacen tareas tres de cada diez informales.

El informe regional destaca que todos los países (salvo Honduras y México) tuvieron alguna mejora desde 2009: en el promedio, se cayó de 50,1 a 46,8 por ciento. Sin embargo, ahora preocupan los efectos que tendrá la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía o incluso, como en el caso argentino, la recesión. La marcha de la economía en todo el mundo, y en particular en la región, despertó señales de alerta en el ámbito laboral, y así lo hizo notar aquí el director general de la OIT, Guy Ryder, que en más de un discurso se refirió a ese tema.

"El proceso de crecimiento de la última década ayudó a formalizar trabajadores, pero ello ocurrió también porque hubo voluntad política para aplicar medidas", afirmó de todas maneras Chacaltana. Explicó que en la última conferencia internacional del organismo tripartito comenzó a hacerse un trabajo que podría terminar en una declaración o recomendación a los países miembros (eso se conocería sólo a mediados del año que viene) sobre las estrategias para mejorar la situación en tiempos no tan buenos. "Se estima que en esta década se crecería, cada año, dos puntos porcentuales menos respecto de la década pasada", dijo el especialista.

Chacaltana, que presentó la visión de la OIT sobre el tema junto con Fabio Bertranou y Linda Deelen, de las oficinas de la Argentina y de Chile, respectivamente, destacó la recomendación de tener un enfoque integrado al diseñar estrategias contra la informalidad e identificó cuatro aspectos a considerar: la productividad, las normas, los incentivos y la fiscalización. El informe menciona algunas políticas decididas por países de la región en los últimos años; se refiere, por ejemplo, a un sistema de sustitución de multas por capacitación para pequeñas empresas instrumentado en Chile y a la recientemente aprobada ley de promoción del empleo registrado en la Argentina, que entre otros puntos reduce las cargas sociales y tributarias para pequeños empleadores.

El informe recomienda el camino de simplificar normas y pagos. Y en ese sentido, cuenta experiencias de la Argentina, Brasil y Uruguay. En el caso de nuestro país, el esquema relatado es el del monotributo, que permite a independientes de hasta cierto nivel de ingresos hacer un pago mensual para cubrir obligaciones impositivas y acceder a los servicios de salud y jubilación futura.

Sin embargo, esos esquemas representan un desafío en cuanto a su sustentabilidad, porque prometen prestaciones sobre la base de aportes más bajos que los requeridos. Según Bertranou, dada tal dificultad, la idea no es promover que ese tipo de sistemas se mantengan para toda la vida laboral de un persona, sino que sean un puente hacia una situación laboral que garantice el mejor acceso a los derechos.

Sin beneficios

7,2

Millones

Es la cantidad de trabajadores de áreas urbanas que no acceden a los derechos sociales

46,8%

Promedio en América latina

Es el porcentaje de trabajadores informales en la región.