WASHINGTON (De nuestra corresponsal).- El juez Thomas Griesa dictaminó ayer que no tiene poder para embargar los 539 millones de dólares que la Argentina depositó en un fallido intento por pagar a los tenedores de bonos reestructurados. La definición del magistrado es la primera que produce sobre la condición de esos fondos, que están en una suerte de limbo hace casi tres meses.

"No pueden ser embargados porque están protegidos" por el acta de Inmunidad sobre la Soberanía Extranjera (en inglés, FISA), dijo. Ésa fue la respuesta que dio a un grupo de bonistas italianos que rechazaron los canjes de 2005 y de 2010, y que, para cobrar la deuda que reclaman, pidieron al juez que embargara "una porción" de esos fondos para efectivizar el pago. "Hay dinero suficiente", dijeron los bonistas en la presentación. El total de su demanda ronda los 200 millones de dólares, según recogió LA NACION. El magistrado desechó la maniobra. "Ese dinero no está técnicamente dentro de Estados Unidos" y la FISA "no menciona bienes fuera" del territorio entre los que pueden ser objeto de ese tipo de traspasos.

A fines de julio, el gobierno de Cristina Kirchner dispuso el depósito de los 539 millones de dólares en la cuenta que el Bank of New York (BoNY) tiene en el Banco Central. El juez entendió que ese depósito violaba su prohibición expresa de que ningún bonista cobre, a menos que también lo hagan los fondos buitre, y congeló el dinero. Desde entonces, y pese a los reclamos del ministro Axel Kicillof, los fondos están en un limbo. No se los puede usar para pagar y tampoco pueden ser devueltos al Gobierno, según dispuso el juez.

Ahora, y tras negar el pedido a los holdouts italianos, se sabe que tampoco puede disponer su embargo. El BoNY es el agente de pagos de la Argentina. Pero, por temor a caer en desacato, anticipó que obedecería los mandatos del juez. Los fondos siguen paralizados.

El cruce forma parte del litigio por el cual un grupo de bonistas que rechazó el canje obtuvo un fallo firme para cobrar más de US$ 1500 millones por su acreencia. El Gobierno los llama "buitres" y se niega a pagarles. En forma paralela, otros bonistas salieron tras las huellas de ese fallo e iniciaron su propia demanda para cobrar. En la última semana, hubo tres presentaciones de ahorristas por más de US$ 1000 millones. De ellos, 835 millones corresponden a una demanda del financista Kenneth Dart..