Aunque todavía queda un 7% de bonos que no entraron en los canjes de 2005 y el 2010, en realidad la deuda que habría que salir a reestructurar es un porcentaje bastante menor. Sucede que según estiman en los grandes bancos de inversión, aproximadamente uno de cada cuatro títulos se perdió o desapareció. En otras palabras, nadie sabe dónde están los tenedores de esta deuda, no se presentaron en los canjes y tampoco reclaman que la Argentina les pague.

Esta situación despejaría significativamente el horizonte para salir definitivamente del default después de enero. El monto total de la deuda que quedó sin reestructurar en 2010 asciende a u$s 6.200 millones de valor nominal. Pero de ese total, se estima que u$s 4.700 millones corresponden a participantes activos, que buscarán una solución y exigirán un pago, pero hay otros u$s 1.500 millones que no se sabe de quiénes son y que tampoco se presentarían en el futuro a cobrar.

Según el economista Marcelo Blanco, extitular del Deutsche Bank, el motivo por el que estos bonos se perdieron "obedece a que la colocación de bonos está muy atomizada, hay muchos tenedores que tienen 10.000 o 15.000 euros que nunca aparecieron; o muchas cuentas se cerraron y en otros casos resulta imposible detectar a los herederos". En 2010, los bancos de inversión que participaron del canje hicieron un esfuerzo para que los encargados de bancas privadas detecten a los tenedores de títulos para que entren en el canje. Sin embargo, un número significativo de bonos y clientes nunca apareció.

En términos globales del canje se trata menos del 2% del total de la deuda en default. Pero considerando el acuerdo que deberá encarar la Argentina, el número no es menor.

El fondo de Paul Singer, a partir de una demanda inicial de u$s 432 millones terminó con una sentencia favorable de u$s 1.350 millones, pero que actualmente ya representan más de u$s 1.500 millones. Pero detrás de esta demanda aparecen otros inversores, conocidos como "me toos", que también quieren incorporarse al juicio y sacar la misma sentencia.

Ante este escenario, resulta clave determinar cuántos inversores realmente se presentarán para que se respete el fallo y quiénes finalmente nunca terminarán participando. En la medida que aparezcan menos inversores, el monto que finalmente deberá pagar la Argentina a los holdouts sería menor.

A medida que se acerca 2015 crece la especulación en relación con un posible acuerdo con holdouts. Según se desprende de las conversaciones previas mantenidas con el sector privado, la quita que los fondos buitre estarían dispuestos a otorgar se ubicaría en torno del 30%. En las negociaciones con bancos extranjeros, los acreedores pidieron cobrar el 80% de la sentencia.

Si se calcula que la sentencia total estaría en torno de los u$s 14.500 millones, sería factible arreglar un pago de u$s 10.000 millones, a través de la emisión de bonos a diez años de plazo, similar al arreglo efectuado con Repsol para compensar a la compañía española por la expropiación de YPF.

Entre las fechas relevantes antes de fin de año, el Gobierno deberá afrontar el 2 de diciembre el pago del Global 2017, un bono emitido bajo legislación extranjera que tampoco podrá ser pagado a los bonistas internacionales. Por lo tanto, es el tercer candidato a entrar en default, después del Discount y el Par. Y una semana después, el 9 del mes que viene, habrá una nueva audiencia convocada por el juez Thomas Griesa para definir si el Gobierno podrá seguir pagando los bonos emitidos con legislación argentina. Hasta ahora, habilitó los pagos en dos oportunidades "por única vez".