El Gobierno, según sus propios números, tiene millones de pesos para gastar en educación, tecnología, salud e infraestructura. Pero no los gasta. En cambio, destina mucho más que lo inicialmente autorizado y dilapida recursos en oscuros mecanismos para importar combustibles por cuantiosos montos, para financiar películas que casi nadie ha visto y para sostener un multimedios paraestatal de propaganda, entre otros rubros.

Eso es información oficial, que surge de las propias bases de datos públicas del Estado. Pero el Gobierno pretende instalar que si hay pobreza es porque hay empresas y particulares que se llevan sus fondos a Suiza para no pagar impuestos.

Esos supuestos datos han sido supuestamente robados por empleados bancarios desleales, y difícilmente la justicia suiza se allane a confirmarlos, pero son utilizados para ensuciar a personas y empresas. Como se hizo en su momento (la campaña electoral de 2009) con la operación de difamación contra el recientemente fallecido Enrique Olivera.

Ahora todo es culpa de los que supuestamente tienen dinero fuera del país y no lo declaran. Curioso. Hace poco, Cristina Kirchner recordó que su marido, como gobernador de Santa Cruz, había llevado al exterior los multimillonarios fondos que la provincia cobró como compensación de las regalías mal liquidadas por la YPF estatal.

El kirchnerismo jamás explicó con claridad qué hizo con esos fondos y dónde habían estado cada año, y en cambio persiguió implacablemente con agresiones hasta físicas a los periodistas que se atrevieron a preguntar dónde estaba el dinero.

"Aquellos famosos 600 millones de dólares que el gobernador Kirchner acumuló y guardó, es cierto, los puso en el exterior. Cavallo le pedía que los trajera para acá, que los depositara en el Banco Nación. Nunca lo quiso hacer, y lo acertado que estuvo", dijo Cristina Kirchner el 10 de septiembre pasado.

Pero ahora todo el aparato de propaganda estatal y paraestatal está embarcado en una campaña de difamación contra los que, supuestamente, hicieron lo mismo que Kirchner: se llevaron sus ahorros afuera y no los declararon como patrimonio.

Todo es parte de la defensa contra las acusaciones de presunto lavado y fuga de dinero que habría sido robado de las arcas públicas con sobreprecios a través de empresas asociadas, como está denunciado en los casos del empresario patagónico Lázaro Báez y Hotesur, por ejemplo.

Muchos en el sistema financiero han recordado en estos días que el modo más efectivo de esconder un elefante en medio del desierto del Sahara es llenarlo de elefantes.

Cristina, una vez más, hace lo mismo que el vilipendiado Carlos Menem. Cuando los periodistas descubrieron que el Banco Central le había liquidado en los años 80 una financiera a su amigo Armando Gostanian, el riojano mandó publicar todas las sanciones aplicadas por la autoridad monetaria en esos tiempos. Incluso simples llamados de atención. Una lista muy grande, que funcionó como distracción, mientras confirmaba la información original.

Los financistas dicen que es difícil que Suiza confirme o no información conseguida mediante ilícitos. Que lo más probable es que ni siquiera conteste. Mientras, los "escrachados" deberán soportar el escarnio público instigado desde lo más alto del Estado, como le pasó a Olivera. Y a los acusados de "judíos usureros" durante el ascenso del nazismo genocida.

En la década del 90 se logró levantar ese secreto porque la denuncia por el caso IBM/Banco Nación fue por fraude fiscal, causa penal tanto aquí como en Suiza, una condición inexcusable.

Un dato no menor es que la información fue recolectada por el Estado. La Dirección General Impositiva (DGI), dirigida entonces por Ricardo Cossio y supervisada por Carlos Tacchi, encontró facturas truchas.

Domingo Cavallo se entrevistó personalmente con la embajadora argentina en Suiza, quien le explicó que la denuncia debía ser por coimas y fraude fiscal; el gobierno suizo no levantaba el secreto bancario por investigaciones impositivas.

¿Es así aún hoy? Cristina Kirchner le puede preguntar a la entonces embajadora en Suiza Susana Ruiz Cerruti, a quien promovió sin éxito para integrar el Tribunal Internacional con sede en La Haya. Tal vez haya más posibilidades de levantar secretos de Lázaro Báez y familia y de Hotesur que sobre los supuestamente denunciados por un ladrón de datos..